Por: Luis I. Sandoval M.

Desmonte del Paramilitarismo

La paz requiere garantías de toda índole para abrirse camino y consolidarse.

Sin tales garantías dentro de las cuales está la de eliminar los factores de riesgo para el ejercicio de la política, la protesta y los demás derechos democráticos, será no solo difícil sino imposible que la paz levante vuelo. Por eso la importancia medular de establecer la forma como puede ser desmontado el nefasto fenómeno paramilitar. Un grupo de experimentadas organizaciones de sociedad civil (CCAJAR, PCS, CI, CSPP) se ha dado a la tarea de sistematizar la experiencia ganada en relación con este tema y hace pocos días en la Casa de España de Bogotá presentaron una síntesis de sus hallazgos. El texto que sigue se corresponde fielmente con lo expuesto en la apertura de la reunión.

Propuestas de las víctimas para el desmonte efectivo de las estructuras criminales:

Se deben depurar las instituciones y prácticas institucionales del Estado desde el nivel local hasta el nivel nacional. Depurar las fuerzas militares de los integrantes que por acción u omisión han participado en violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, como también que han estado vinculados con estructuras criminales.

El Estado debe derogar la doctrina de seguridad nacional, normas y demás instructivos militares y de cuerpos de seguridad que ordenan y promueven el paramilitarismo. El Estado debe depurar los archivos de inteligencia en los que reposa información sobre activistas y defensores de derechos humanos.

Se debe elevar a rango constitucional la prohibición de crear, fomentar, promover, financiar y apoyar a grupos paramilitares para un efectivo desmonte de estar estructuras. La subordinación de las Fuerzas Militares al poder civil es una de las condiciones “sine qua non” para la vigencia de los derechos humanos y el Estado Social de Derecho.

La Policía Nacional debe ser separada del Ministerio de Defensa y volver bajo tutela del Ministerio del Interior. En esa misma lógica el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) debe ser desmontado por su responsabilidad en decenas de asesinatos, actos de tortura y utilización de armas de guerra y armas no convencionales para reprimir la protesta social.

Los autores intelectuales y responsables de la usurpación de la tierra así como de sus usufructuarios directos e indirectos debe ser materia de investigación penal para así establecer la verdad histórica y garantizar verdaderos procesos de reparación a las víctimas del conflicto político y armado.

La Comisión de la Verdad debe tener un enfoque diferencial y un componente que reconozca las diferencias regionales y que permita construir una memoria colectiva del exilio diferenciada, que cuantifique las dimensiones de esta realidad, promoviendo la construcción de un relato histórico que revele la verdad de las víctimas exiliadas, dando cuenta de las causas, los efectos y las responsabilidades correspondientes.

El gobierno colombiano debe construir un plan un plan de retorno acordado con los exiliados que garantice la seguridad y dignidad de los y las que han tenido que salir del país.

Las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no pueden ser objeto de amnistías, indultos o medidas similares que impidan investigar y/o exonerar a sus autores y partícipes.

Respaldamos el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico consagrado por el DIH… El hecho de que una persona que cometió un acto que constituye delito bajo el derecho internacional haya actuado como jefe de Estado, miembro de un gobierno o parlamento, representante, electo, funcionario de gobierno u otra función oficial, en ningún caso lo debe eximir de la responsabilidad penal ni constituir base para la reducción de la pena.

@luisisandoval

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