Por: Eduardo Sarmiento

Desorden social

Las reformas neoliberales desdibujaron los avances libertarios que habían sido consignados en la Carta Magna.

En las diversas campañas, la equidad y la política social son materia de grandes despliegues. Sin embargo, hasta el momento no se divisan diagnósticos ni propuestas concretas sobre la forma como se convertirán en realizaciones.

El pronunciamiento más reciente sobre la equidad se consignó en la Constitución de 1991. En el documento histórico se proclamaron sin esguinces los derechos fundamentales de la salud, la educación, la vivienda digna y el trabajo, se asignaron crecientes obligaciones fiscales para atender las necesidades insatisfechas y se instauraron las tutelas para hacerlos efectivos por la vía jurídica. Sin embargo, las realizaciones se dejaron por cuenta de las reformas neoliberales. Se dio por dado que la competencia y los estímulos de mercado promoverían un rápido desarrollo que resultaría en un aumento de la formalidad que colocaría a los trabajadores en condiciones de cubrir su seguridad social. La apertura, las privatizaciones y las reformas laborales fueron seguidas por la privatización de la salud y de las pensiones.

En la práctica no se ha ido más allá del asistencialismo en el suministro de sumas mínimas para la atención de la salud, la educación y las transferencias condicionadas (familias en acción). Las coberturas en los tres campos aumentaron rápidamente, pero la calidad de los servicios no garantiza las necesidades mínimas. El 50% más pobre recibe por la vía de estos servicios menos del 50% de los gastos presupuestales.

La fisura del montaje se originó en el incumplimiento del derecho al trabajo. La política monetaria, guiada por la prioridad de la inflación sobre cualquier otro objetivo, ha operado como un freno al crecimiento y el empleo. En los momentos más álgidos de desocupación se ha procedido a elevar las tasas de interés y a reducir la liquidez. La orientación del crédito está proscrita y cuando se aplica en forma excepcional no tiene ninguna referencia al empleo. Los criterios dominantes para los apoyos estatales son la competitividad externa y la productividad, y se canalizan a través de los propietarios agrícolas y las grandes empresas.

El mayor daño está en la resistencia del Banco de la República de intervenir abiertamente el mercado para sostener el tipo de cambio. Las autoridades económicas trataron de compensar el efecto de la revaluación sobre los costos de las empresas reduciendo los aranceles de los bienes de capital y los bienes intermedios en relación con el promedio, estableciendo grandes exenciones tributarias a las importaciones de bienes de capital y otorgando compensaciones cambiarias.

El resultado ha sido un enorme incentivo para sustituir la mano de obra por importaciones. Las actividades transables experimentaron aumentos inusitados de la productividad que no correspondían a la demanda y provocaron el desplazamiento de la mano de obra a la informalidad con baja productividad y salarios. Hoy en día, la mayor parte de la fuerza de trabajo se encuentra por fuera del sector contributivo de salud, carece de la pensión mínima y no dispone de ingresos para acceder a la educación de calidad.

El balance social no podía ser más lamentable. El desempleo llega a 14%, los ingresos laborales bajan y las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo está en la informalidad sin acceso a la seguridad social. El apoyo de la sociedad a los estratos menos favorecidos se reduce a un asistencialismo, que si bien alivia la pobreza, está muy distante del cubrimiento universal en salud y educación. La distribución del ingreso de Colombia está entre las cinco peores del universo y, de acuerdo con información reciente de la Cepal, es una de las pocas de la región que retrocedió en los últimos seis años.

En síntesis, el fracaso de la política social es la consecuencia del abierto conflicto entre el derecho al trabajo y las concepciones monetarias comerciales y laborales, así como de la entrega de la seguridad social a la modernización y el lucro individual. Definido el tema de la reelección, ahora le corresponde a la sociedad colombiana reconocer estas anomalías, apoyando a los candidatos al Congreso que las denunciaron en su momento y disponen de la experiencia y los conocimientos para rectificarlas.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Eduardo Sarmiento

Las fallas de la infraestructura

Política distributiva

Acuerdo sobre la equidad

Reactivación práctica

Polarización y divergencias económicas