Por: Juan Pablo Ruiz Soto

¿Desplazar a los desplazados?

En Colombia todo lo imposible sucede. Mientras una banda de ladrones atraca los camiones que llevan apoyo con elementos básicos a las familias afectadas por las avalanchas en Mocoa, en la misma Mocoa y en Puerto Guzmán (población cercana) ya se inician las invasiones para la construcción ilegal en zonas de alto riesgo. Desplazados, movidos por la pobreza y la falta de oportunidades, hacen de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) un saludo a la bandera y, socialmente, se gestiona un nuevo desastre “natural”.

Pero esto no solo se da en lechos de ríos y quebradas, y zonas inundables de la distante Amazonia. También, en parte movidos por la necesidad y en parte por la utilidad y la rentabilidad, este fenómeno se repite en la Sabana de Bogotá en las narices de todas las autoridades. En áreas inundables del río Bogotá y sus afluentes, sobre los jarillones o muros de contención que se construyen para transformar el río Bogotá en una tubería de evacuación, se construyen viviendas. También en sus alrededores se urbanizan las tierras de mejor calidad de la Sabana de Bogotá y así se viola la Ley 99 de 1993.

Esta ley declaró la Sabana de Bogotá zona de interés ecológico, cuyo uso principal debía ser el agropecuario y forestal, debido a la extraordinaria calidad de sus suelos. Ahora, mediante diferentes artimañas, incluida la reclasificación de los suelos, se está urbanizando, estableciendo industrias, bodegas y zonas francas a lo largo y ancho de la Sabana de Bogotá. Los ajustes a los POT parecen estar violando “legalmente” la Ley 99.

Hoy, con dificultad podemos asegurar que Suesca, Sesquilé y Nemocón sean el límite norte de la expansión urbana de Bogotá. Alrededor del peaje de Tocancipá cada día hay más fábricas y bodegas industriales. Si no hay planeación efectiva, en poco tiempo éste será el segundo peaje urbano en medio del continuo construido. El primero es el de la Autopista Norte.

En Macondo parece imposible hacer cumplir la ley. El absurdo del expresidente Turbay cuando decía que debíamos disminuir la corrupción a sus justas proporciones parece haber sido socialmente apropiado. Los POT, que deberían ser herramientas para ordenar la ocupación del territorio, disminuir la probabilidad de desastre y asegurar la conservación de los servicios ecosistémicos, se han vuelto fortín para políticos y urbanizadores.

Después del dolor generado por los desastres recientes, debemos rescatar los POT en sus aspectos críticos y obvios. El primer paso es evitar que los nuevos desplazados se ubiquen en lugares de alto riesgo, pues ésto genera riesgo para sus vidas y altos costos económicos y sociales. Quienes están ubicados desde hace años sobre el lecho de ríos y quebradas y en zonas de alta pendiente, es decir en zonas de alto riesgo, dado que en el corto plazo social, política y económicamente no es posible reubicarlos, van a tener que aprender a reaccionar u obedecer ante las alarmas. Sean ricos o pobres, todos, cuando se activen las alarmas tempranas, tendrán que evacuar temporalmente sus hogares. Tenemos que aprender a vivir en este nuevo mundo de climas extremos que potencializan los riesgos. Ojala utilizáramos el conocimiento que ya tenemos de la dinámica de la naturaleza e hiciéramos efectivos los POT.

 

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