Por: Cecilia Orozco Tascón

Después de la calamidad, fiscal general

HENRY BERMÚDEZ VILLA NO ES, PREcisamente, un angelito.

Según los registros de prensa de la época, recibió una condena de 25 años por homicidio y extorsión, pero ha cometido otros delitos después de su primer ingreso al sistema penitenciario, y ha sido condenado seis veces más. Inició su recorrido en las celdas de Popayán y hoy está en una de Girón (Sant.). A comienzos del 2000 fue el líder de una revuelta en La Picota que terminó con un recluso muerto y otros tres heridos. Adquirió tanto poder entre sus compañeros que para someterlo a él y a la banda que había organizado, el presidente Pastrana, su ministro de Justicia Rómulo González, y el general Rosso José Serrano, entonces Director de la Policía, se reunieron para planear la manera de “buscarle salidas al creciente alzamiento carcelario”. Se programó entonces un espectacular asalto al penal con comandos especiales, y así pudieron reducirlo.

Bermúdez paró en Cómbita, la prisión más rígida del país. Corría el 2006 antes de las elecciones, según indica él, en su carta al presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla. Y en ese punto, relata historias que de resultar medianamente ciertas, harían reventar a esta nación. Por no estar demostrado lo que asegura personaje tan poco confiable, no haré referencia a sus terribles afirmaciones, excepto a aquélla en la que alude a un ex presidente de la Corte. Transcribo con fidelidad: “No se si todabia existe en la corte un magistrado Augusto Ibañez… tengo una grabacion en Bogota, ellos… querían matarlo pero no aplomo, querían conseguir unos ladrones berracos para hacer ese crimen. Pero tenía que aparecer como un robo… y como yo llevo mas de 15 años preso pues conozco todos esos ladrones para ese trabajo sucio…”.

La inquietud que queda, más allá de que las aseveraciones del convicto se puedan probar, es de qué forma el nombre y apellido de un ex dignatario de la Suprema —y no cualquiera sino aquél de la Sala Penal que mejores relaciones tiene con la justicia transnacional— cae en las manos de un presidiario de esa naturaleza. Algo extraordinario tuvo que llamar su atención. Como sucedió, tal vez, con los persecutores del magistrado Iván Velásquez de quien se sabe que sus problemas se iniciaron cuando otro preso, Tasmania, lo acusó falsamente de urdir un complot contra el Presidente. Luego se supo que el origen real de la mentira era un tercer condenado (alias El Tuso, compañero de Tasmania). La importancia de El Tuso estaba en su abogado, bien vinculado con dos parientes del doctor Uribe. O como les ocurrió a los togados de ese mismo tribunal, María del Rosario González, que sufrió un raro accidente en su vehículo; Sigifredo Espinosa, hostigado en una carretera por camionetas oficiales; Yesid Ramírez, investigado ilegalmente desde la época de su infancia; César Julio Valencia, al cual, a falta de algo que lo incriminara, le “diagnosticaron” problemas cerebro vasculares para, de pronto, presentarlo algún día como un juez incapaz.

Y después de esta calamidad institucional, el editorialista de El Tiempo todavía reduce “la crisis de interinidad en el cargo de Fiscal” a un simple “choque de trenes y vanidades” del que sale mal librada la Corte: “incapaz de elegir”; y cumplidor de su deber, el promotor del embrollo: “el gobierno que presentó la terna y la modificó”. Le cuesta trabajo al autor de esa página memorable, ocultar su sesgo cuando le advierte al actual Jefe de Estado —después de descalificar una Fiscalía que en todo caso ha sido más eficaz que la anterior— que si modifica la terna puede “pagar” una cuota de prestigio si entre los nuevos postulados no hay un elegido. Puede estar tranquilo quien escribe con el deseo. A rectos e independientes candidatos, seguro Fiscal General.

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