Después de la murga y el debate, Carrasquilla que se baje

Por: Sebastián Rojas Ricaurte - @QueDiceSebas

Han pasado unas semanas desde el debate contra el “genio” detrás de los bonos de agua y las evidencias en su contra siguen apareciendo mientras se habla de una moción de censura. ¿Cuál es el meollo del asunto?

Alberto Carrasquilla, premiado por Iván Duque con el Ministerio de Hacienda, embaucó en un entramado corrupto a 117 municipios necesitados con los llamados bonos de agua mientras se enriqueció en el proceso. Luego de un debate que fue tendencia nacional en medios y redes, y en el que Jorge Robledo explicó este y otros impedimentos del ministro, son múltiples las voces que se preguntan cómo a Duque se le ocurrió semejante idea y le piden corregirla.

La principal característica de los bonos Carrasquilla, además de su corrupción, es su rotundo fracaso. Veamos un ejemplo. Buenaventura, un municipio que vivió uno de los paros cívicos más importantes del país precisamente por no tener agua, recibió a través de los bonos un préstamo por 49.000 millones de pesos para obras de acueducto y alcantarillado por 19 años sin poderse modificar el plazo ni pagarse de forma anticipada. Hoy siguen sin las prometidas obras, han pagado ya 56.000 millones, ¡y todavía deben 42.000 millones! Los municipios se quedaron sin el pan y sin el queso: sin obras y sin plata para hacerlas. Entre lo que han pagado los municipios y el rescate que debió hacer el gobierno nacional el detrimento patrimonial es de más de 1 billón de pesos en todo el país.

El papel de Carrasquila es claro. Estructuró y promovió los bonos, e intermedió la plata extranjera con la que se montó el negocio. Más allá del resultado para los municipios lo principal —con posibles repercusiones legales— es que en el gobierno de Álvaro Uribe el entonces ministro promovió una modificación de la constitución que derivó en las leyes sin las que su posterior negocio no hubiese sido posible. “Aprovecharse como hombre de negocios de una información privilegiada a la que se ha accedido como servidor público”, Ramiro Bejarano.

El ´brillante´ ministro-empresario hace quedar mal, incluso, a los hijos de Uribe. Daniel Coronell mostró cómo en 2008 Carrasquilla empezó su ´empresita´ con un patrimonio de 5 millones de pesos y en 2016, gracias a los bonos, este ya era de 4.106 millones. Para completar, su patrimonio personal en el mismo periodo pasó de 75 a 2.700 millones. No se sabe cuánto ganó por su papel de intermediación financiera y si pagó los impuestos que debería.

Para defender al ministro los gobiernistas sostienen que ganar 8.000 millones no es enriquecerse (sí, el equivalente a 883 años de salario mínimo); que los hechos ocurrieron una vez dejó el ministerio, y que si las obras no se hicieron y los créditos no se han pagado es por culpa de los alcaldes (alcaldes que ellos mismos ayudaron a elegir). Evaden el conflicto ético resguardándose en la ‘legalidad’ mientras minimizan los pésimos resultados de los bonos e inflan la gestión del ministro. Lo que queda demostrado, sin embargo, es que Carrasquilla pudo hacer su negocio gracias a lo que logró en su primer periodo como ministro, es decir, actuó en beneficio propio y no del común, y que así se tratara de solo una asesoría haber recibido así fuera un salario mínimo hubiera sido mucho para lo mal que resultó.

Aunque salió sonriendo —con tremendo cinismo— Carrasquilla pende de un hilo y bien le podría pasar lo del exministro Andrés Felipe Arias. El comité de aplausos que intentó promover el presidente del Congreso, Ernesto Macías, no fue suficiente para que los argumentos de Robledo, el Polo, la Alianza Verde y otros senadores como Rodrigo Lara no se escucharan. Mal quedan quienes lo defienden pues en su afán caen en contradicción. Intentan incluso desligarse de la impopular propuesta del IVA a la canasta familiar, como si los colombianos no recordaran que quien la propone el mismo que defienden y que su jefe (Iván Duque) es quien ellos ayudaron a elegir. A Carrasquilla le va bien mientras al país le va mal. Los ejemplos sobran: Panama Papers, Reficar, Saludcoop, Electricaribe, Telecom, Fabricato, y, por supuesto, su negocio con las necesidades de agua y saneamiento de los municipios pobres.

¿Será que se puede confiar en que el presidente Duque cumplirá el mandato anticorrupción de casi 12 millones de colombianos? Difícil saberlo cuando nombra y defiende con toda su bancada a un ministro para nada probo y más bien impedido éticamente.

Por fortuna, la conciencia sobre la corrupción ha superado la discusión de lo que es legal o no. La ética en la función pública y los negocios ya hace parte de la conversación en un país en donde la trampa ya no solo se le hace a la ley, está metida en ella.