Por: Arlene B. Tickner

Después de los titulares

A diferencia del gobierno Uribe, que practicaba una diplomacia defensiva y aislacionista digna de un país 'acomplejado', el de Santos pregona una política exterior proactiva, integracionista y 'segura'.

A juzgar por el balance hecho por el presidente y la canciller sobre sus maratónicos viajes, Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Las mejorías en la situación de seguridad interna, el fortalecimiento institucional del Estado (aunque tan sólo parcial, como lo demuestra la avalancha de escándalos de corrupción) y la “historia de éxito” que se ha tejido en torno al país han dado lugar a una renovada confianza en sí mismo que parece hacer mella en su relación con el extranjero.


Esta nueva autoimagen se materializa en la promesa de “colocar a Colombia como un país respetado, que tenga peso específico y voz con credibilidad en la discusión de los grandes temas; que tenga buenas relaciones con la mayor cantidad de países posible, y que Colombia sea vista como una democracia sólida, fuerte”.


Se trata de una ‘filosofía’ optimista que recuerda una época no tan lejana (años setenta y ochenta) en la que distintos gobiernos también hicieron una lectura más ambiciosa de los intereses nacionales. Eran los tiempos del respice similia, es decir, la búsqueda de horizontes distintos a la habituada alineación con Estados Unidos, en los cuales América Latina desempeñaba un lugar preponderante. Un sueño que no logró concretarse, básicamente porque el narcotráfico y el conflicto armado, pero también la miopía, se interpusieron en el camino.


Nuevamente, y como ocurrió entonces, los dirigentes colombianos se han dado cuenta de la distancia que existe entre el potencial de Colombia y la limitada efectividad de su proyección mundial. Sin duda, la intensa diplomacia presidencial que está practicando Santos es necesaria para corregir este desbalance. A manera de comparación, para acreditar a Brasil como país democrático, estable en lo económico y respetuoso de las normas internacionales en los años noventa, Fernando Henrique Cardoso viajó seis o siete veces más que sus antecesores; y luego, para posicionarlo como ‘potencia’, Lula duplicó las salidas de Cardoso.


De forma similar, el Gobierno colombiano ha desarrollado una estrategia consistente en vender la imagen de un país seguro, con una economía en crecimiento, oportunidades lucrativas en los sectores del petróleo, minería e infraestructura, respetuoso de las reglas de juego y democrático. El riesgo es que esta nueva ‘marca’ se convierta en una panacea cuyo encanto se desvanezca una vez pase la noticia y la complejidad de la política mundial aquiete los aplausos.


En otras palabras, la optimización de la imagen del país debe acompañarse de una estrategia diplomática sofisticada que obedezca a objetivos de largo plazo y disponga de mecanismos para satisfacerlos. Detrás de Cardoso y Lula estaba Itamaraty. ¿Quién y qué hay para respaldar la labor de Santos, con excepción de una magnífica canciller y algunos ‘buenos’ embajadores? ¿Cuáles son los costos de apostarle a una ‘marca’ que propicia un modelo de desarrollo que desfavorece la industria, incentiva la especialización en materias primeras, puede tener altos costos ambientales y es socialmente excluyente? ¿Al servicio de cuáles intereses nacionales está la política actual? Esto y no las veces que el presidente Santos sale del país, debe ocupar los titulares.

 

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