Por: Salomón Kalmanovitz

La destitución de Petro

NO ES FÁCIL DEFENDER A PETRO. Sus frecuentes cambios de equipo y gabinete, la escasa participación de técnicos y administradores, pero en especial de financistas, en su gestión, y sus erráticas decisiones lo llevaron a desperdiciar una gran oportunidad heredada, no producida por él mismo.

En efecto, Petro pudo haber disfrutado de la terminación de muchas obras que estaban trabadas por la corrupción y la negligencia de anteriores administraciones y que se pudieron dar al servicio. No propuso, sin embargo, una visión futurista, productiva y emprendedora para cambiarle la cara a Bogotá y sacarla del caos en que vive.

El tema de las basuras, por el que la Procuraduría lo acusa de dolo y culpa gravísima, fue manejado con desparpajo, aunque la motivación pudo ser loable: reducir los costos del servicio privado, entregado sin puja a unos contratistas que financiaban las campañas políticas del nivel nacional y municipal, uno de ellos muy cercano al ex presidente Uribe. Se trató entonces de mantener la cruzada anticorrupción que mantenía en el Senado y sus denuncias contra los hermanos Moreno, que condujeron a su salida del Polo Democrático y a recuperar votos de la izquierda en su campaña por la Alcaldía.

La indignación que produjo la deficiente recolección de las basuras al principio del intento de municipalizarla es lo que el procurador quiere explotar para producir su destitución. La flexibilización de los contratos con algunos de los privados y la llegada del equipo correspondiente han permitido regularizar el servicio, o sea que la falta no fue tan grave como gusta de prejuiciar el procurador.

En el pliego de cargos contra Petro, la Procuraduría aduce que hay falta contra el ordenamiento jurídico que establece la libertad de empresa en lo que la Alcaldía procedió de manera improvisada y tardía, recurriendo a la Empresa de Acueducto, cuya misión no es precisamente recoger basuras, cuando se produjo el vencimiento de los contratos vigentes. Es extraño que un personaje fundamentalista, que defiende el corporativismo falangista y el monopolio religioso, esté a favor de la libertad económica que tendería a socavarlos.

Está el tema de que el procurador, que no es juez superior y niega el derecho a la defensa, tenga la autoridad para destituir a personas en cargos que surgen de la soberanía popular. Ordóñez ha demostrado que se guía por el concepto de soberanía derivada de su dios, o sea que burla la Constitución de 1991. Lo más grave es que la Corte Constitucional sentenció que sí tiene la autoridad para destituir a senadores como Piedad Córdoba y a alcaldes como Samuel Moreno y Alonso Salazar, o sea que también burla a los cientos de miles de ciudadanos que los eligieron como sus representantes, por el hecho de ser sus enemigos políticos. Es así como lo que no se logra por la política se consigue por medio de actos administrativos.

Petro ha dicho que su destitución provocaría un segundo movimiento 19 de abril, algo que ha sido descalificado como que no se puede justificar el retorno a la lucha armada en desacato a un fallo del Ministerio Público. Pero quizás el mensaje que quiso dar a entender es que no tiene sentido participar en la competencia política, ganar y ser entonces derrotado por un sistema cargado a favor de la extrema derecha. No vale la pena, entonces, para los que escogieron el camino de la insurrección frente a un régimen político cerrado, negociar una paz sin oportunidades.

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