Por: Yesid Reyes Alvarado

Detención preventiva y excarcelaciones

Como en los últmos días la Fiscalía ha advertido que se producirán excarcelaciones masivas por culpa de unas leyes que fijaron los plazos máximos de detención preventiva, conviene precisar cuáles fueron las modificaciones que en materia de términos introdujeron esas normas.

El tiempo que una persona puede estar encarcelada entre la imputación y la acusación es de 60 días y existía desde antes de la expedición de la ley; entre la acusación y el inicio del juicio, la duración de esa privación de la libertad es de 120 días y también estaba fijada legalmente desde hace muchos años. La única discusión que había era si ese plazo se contaba desde el escrito de acusación o desde la audiencia de acusación; en el 2014 la Corte Constitucional le dio un año de plazo al Congreso para dilucidar ese interrogante y advirtió que si a mediados de 2015 no había una norma que lo hubiera hecho, el término comenzaría a correr desde la presentación del escrito de acusación; esa interpretación fue expresamente acogida por la ley para dar cumplimiento a la sentencia. Como estos dos períodos (de imputación a acusación y de acusación a inicio de juicio) abarcan toda la labor investigativa que le corresponde a la Fiscalía, la primera conclusión es que la Ley 1760 no modificó el número de días que una persona puede permanecer detenida preventivamente mientras la Fiscalía la investiga y la acusa ante un juez. Es decir, el tiempo del que hoy dispone la Fiscalía para investigar un delito es el mismo que tenía antes de la expedición de esa ley, luego su capacidad de actuación no ha sido reducida.

En la redacción original del Código no había un límite a la duración del juicio con persona privada de su libertad, lo que en algunos casos llevó a detenciones preventivas de hasta diez años. La ley dijo que la audiencia de juzgamiento no podría extenderse más allá de 150 días, salvo causas con más de tres acusados o adelantadas por delitos graves como los relacionados con corrupción o delitos sexuales, hipótesis en las cuales puede durar hasta 300 días, esto es, casi un año; ese es el único plazo nuevo que se introdujo. Si no se abusa de la detención preventiva, si se priorizan las audiencias de los procesos con preso (como con razón acaba de proponerlo el procurador general) y si se ponen a disposición de los jueces y fiscales las salas necesarias para adelantar esos juicios, deberían ser suficientes 300 días para realizarlos.

El carácter excepcional de la detención preventiva no es producto de una apresurada y repentista política criminal, como algunos han sugerido. Desde hace muchos años existen pronunciamientos de la Corte Constitucional conminando al Congreso para que legisle sobre esa materia, y advertencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el elevado número de demandas contra el Estado por el abuso de la detención preventiva. En al ámbito supranacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra esa excepcionalidad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado el abuso que algunos países hacen de esa figura, entre los que de manera expresa ha señalado a Colombia.

 

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