Detenidos por atentados en Bogotá

Entre los capturados por varios atentados en Bogotá hay contratistas del Distrito, estudiantes universitarios y miembros del Congreso de los Pueblos. La ONG señala que estas detenciones son un “falso positivo judicial”. Hay controversia.

La Fiscalía investiga a quince personas por cinco atentados perpetrados en Bogotá. / Archivo

Mientras la Policía y la Fiscalía dicen contar con todas las pruebas de la presunta participación de diceiséis personas (capturadas ayer) en varios atentados en Bogotá, el Congreso de los Pueblos y representantes de otros sectores sociales aseguran que las detenciones son un “falso positivo judicial” contra la izquierda colombiana.

Ayer, a primera horas, y casi que en paralelo, Fiscalía y Policía anunciaron la captura de estas personas, tras varios allanamientos realizados en Bogotá y Cundinamarca. Entre ellas David Camilo Rodríguez, alias El Profe, quien, según el ente investigador, es el presunto comandante de esta estructura del Eln, supuestamente responsable de 14 acciones terroristas en Bogotá entre junio del año pasado y julio de este año. Aunque fuentes del ente investigador le dijeron a este diario que, por ahora, no se ha podido confirmar que esta estructura sea la responsable de los atentados ocurridos en Bogotá el 2 de julio. Aunque para la Policía sí hay relación entre esta estructura y los petardos contra Porvenir.

Igualmente, tres de los detenidos, Lorena Romo Muñoz, Paola Salgado Piedrahíta y Sergio Segura, son contratistas del Distrito. El resto son estudiantes de las universidades Pedagógica y Nacional. El comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino, dijo que, tras una investigación de más de un año, existen suficientes elementos para afirmar que estas personas “son los autores de los atentados”. Algo similar dijo el vicefiscal Jorge F. Perdomo.

Entre los hechos por los que se investiga a estas personas se encuentra la explosión de un artefacto en el Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio Lourdes, en la localidad de Chapinero, el 20 de junio del año pasado, que dejó dos policías y un civil heridos. Al igual que la detonación de otros cuatro artefactos, el 29 de julio del año pasado, en la calle 26 con carrera 30, en la avenida de las Américas con carrera 73, en la autopista Sur con calle 74 y en la autopista Norte con calle 167.

Gracias a la labor de las autoridades, otro artefacto, instalado en la calle 80 con carrera 119, no alcanzó a estallar. Igualmente, se los investiga por la instalación de un artefacto explosivo en octubre del pasado, que al final no estalló por la rápida acción de las autoridades, y por el uso de artefactos explosivos, conocidos como “papas bomba”, durante una manifestación el pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional.

Sin que se hubiera realizado la audiencia de legalización de captura y posterior imputación de cargos contra estas personas, ni se tuvieran claros los posibles vínculos entre esta estructura y los atentados del pasado 2 de julio, el Gobierno se pronunció a primeras horas de ayer, pidiendo que se judicialice con prontitud a estas personas. El presidente Juan Manuel Santos, por medio de su cuenta de Twitter, felicitó a la Policía y a la Fiscalía y dijo que estas personas “pagarán por estos atentados” y que “continuaremos operativos para dar con todos los responsables de sembrar terror en capital”.

“Esta es una muy buena noticia para Bogotá. Muestra la capacidad y los resultados operacionales, pero también de inteligencia y de investigación judicial, y le da un parte de tranquilidad a la ciudad y al país en relación con la coordinación entre el Distrito y los entes nacionales”, dijo al respecto la secretaria de Gobierno de Bogotá, Gloria Flórez. Y agregó que “el Distrito tiene más de 60.000 funcionarios. No es la primera vez que ocurre que en una institución del Estado se hayan infiltrado personas vinculadas a grupos ilegales, eso es parte de las lógicas desafortunadas del conflicto armado que vivimos. Esto no puede generar una estigmatización de los funcionarios del Estado”.

¿Falso positivo judicial?

Pese a que el presidente Santos ya los ha señalado como responsables de este hecho, varios sectores de la sociedad tienen dudas respecto a estas capturas. El movimiento Congreso de los Pueblos, al que pertenecen varios de los capturados, sostuvo al respecto que denuncia y rechaza “ante la comunidad nacional e internacional los hechos en los que han sido detenidos, bajo la modalidad de falsos positivos judiciales, 16 personas, integrantes de procesos sociales, estudiantiles, periodistas, entre otras”.

Y lamentó que “en este momento, en el que se abren más posibilidades hacia la paz, representadas en los anuncios de cese al fuego, que le dan más confianza al proceso, se desata nuevamente la persecución y estigmatización al movimiento social, el cual viene reclamando constantemente garantías al ejercicio de su actividad social y política”.

Y denunció que los líderes sociales han sido víctimas, durante el último lustro, de una persecución en su contra. “Entre 2009 y 2012, 8.600 personas fueron vinculadas a procesos por supuestos nexos con la insurgencia; de ellas, solo 2.058 personas permanecen privadas de la libertad y, en consecuencia, más del 75% de los capturados fueron declarados inocentes”.

De la misma forma, exigió garantías judiciales para estas personas pues, en su criterio, los “medios de comunicación y el alto gobierno, desconociendo la presunción de inocencia, ya han emitido una condena anticipada al imputarles públicamente su pertenencia a organizaciones insurgentes, con ello violan el principio de independencia judicial y debido proceso al que tienen derecho”.

En redes sociales ya hay toda una campaña de apoyo a Paola Salgado, contratista de la Secretaría de Salud, por parte de quienes aseguran que ella es inocente y que es, en realidad, un chivo expiatorio. Salgado es reconocida por su labor en el campo de la salud sexual y reproductiva, dentro de ella el acompañamiento a menores de edad interesadas en interrumpir voluntaria su embarazo, amparadas, por supuesto, por la normatividad que permite este tipo de operaciones cuando la vida de la madre se encuentra en peligro.

Según la Secretaría de Salud, Salgado ha sido contratista desde 2012 en varias ocasiones. Particularmente con hospitales. Actualmente trabajaba para el Hospital de Suba como líder de los procesos de salud sexual y reproductiva, campo en el que ha contribuido con la estructuración de proyectos.

Sergio Segura y Lorena Romo Muñoz son contratistas de la Secretaría de Educación Distrital (SED), particularmente de la Dirección de Participación y Relaciones con la comunidad. El secretario de Educación, Óscar Sánchez, dijo que ambos hacen parte de un grupo de 200 gestores que trabajan con la comunidad en los barrios. Segura ha sido contratista desde 2013 y actualmente tiene un contrato de seis meses por $16 millones. Romo, por su parte, es contratista desde el 12 de mayo pasado. Sánchez declaró que, aunque no los conoce personalmente, ha recibido reporte de su trabajo y “han cumplido sus funciones a cabalidad”.

Segura es, además, periodista de un medio alternativo llamado Colombia Informa, que a través de su página en internet sostuvo que “da fe de la labor comprometida de Sergio Segura, como periodista y corresponsal de esta agencia”, y se comprometió con la Fiscalía a ayudar en la investigación que involucra a uno de sus integrantes. Del mismo modo alerta sobre el riesgo de que tal decisión judicial “pudiera ser motivada por intenciones políticas extrajudiciales, vulnerando de hecho la libertad de prensa e involucrando a un medio independiente en hechos ajenos a su labor”. Y recordó que este medio ha sido amenazado en varias ocasiones por bandas criminales.

Por su parte, en entrevista con este diario, Hélbert Choachí, secretario general de la Universidad Pedagógica, dijo que seis de los detenidos son estudiantes de ese centro educativo. Y que cuatro de ellos, Héiler Lamprea Flórez, representante estudiantil ante el Consejo Superior; Daniel Hernández y los hermanos John y Lizeth Acosta, estuvieron desde el jueves 2 de julio hasta el domingo 5 de julio en un evento organizado por la universidad en la finca Sietecueros, de propiedad del alma máter, en Fusagasugá (Cundinamarca).

Encuentro en el que se discutió sobre la planeación del segundo semestre del año. Dijo, además, que su asistencia a este evento se encuentra demostrada por las listas de asistencia que estos firmaron durante los cuatro días que duró la actividad académica. Falta que la Fiscalía dilucide si estas personas son los responsables de estos atentados o chivos expiatorios para mostrar resultados.