Por: Columnista invitado

Deuda con San Andrés

Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le otorgó soberanía a Nicaragua sobre una buena porción de mar, antes colombianas, el gobierno anuncia medidas para ayudar a la isla. ¿Qué necesitan?

San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen una superficie de 53.5 Kilómetros cuadrados y una población que supera los 70 mil habitantes, lo que implica que el número de habitantes por kilómetro cuadrado es de cerca de 1.300. Este archipiélago representa para Colombia cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de mar territorial, sin el fallo y de 220 mil kilómetros cuadrados, con el fallo. Es puerto libre desde 1953 y fue recuperado para la integración nacional por el gobierno del general Rojas Pinilla. Desde entonces se ha dado un proceso creciente de poblamiento continental en este escenario insular.
A partir de 1.990 con el aperturismo económico San Andrés y Providencia pierden su ventaja “competitiva” en el ámbito comercial. Sus relaciones de carácter regional-internacional han estado limitadas por mecanismos jurídicos o de hecho que ha impedido la circulación de población y economía legal hacia Centroamérica y el resto de islas caribeñas. Aparentemente, el mar y las fronteras se han convertido en un muro de Berlín para su normal articulación de buena vecindad (especialmente con Nicaragua, Costa Rica y Jamaica).

La relación entre vecinos inmediatos está interferida por la relación entre metrópolis, lo que ha impedido que el cabotaje (porque no hay una flota de estas características en la región) sea un escenario normal y rutinario para la movilidad humana o para las relaciones comerciales de carácter regional.
En cambio, las actividades ilícitas del narcotráfico y de otro tipo de actividades ilegales están intermediadas por poderosos patrones regionales que articulan el Caribe con los Estados Unidos y Europa. Esta situación hace necesario que Colombia reconozca en su territorio insular políticas especiales del mejoramiento de la calidad de vida de los isleños para que potencias extranjeras no sigan marcando la pauta ni en los tratados, ni en los veredictos y pueda atenderse con el espíritu constitucional que implica el carácter multicultural de nuestro país.

La economía de servicios debería perfeccionar las condiciones propias de un turismo especializado -aprovechando la condición de reserva de la biosfera que tiene dicho archipiélago- pero creando infraestructura de soporte adecuado con un hospital o atención clínica mínimo de segundo nivel, que permita no solo la atención oportuna y adecuada para los isleños sino para el turismo que podría mejorar las condiciones de empleo de calidad los isleños. Para hablar de desarrollo sostenible es necesario la consulta directa con su propio pueblo.
La localización de San Andrés y Providencia debe tomar en cuenta los recursos marítimos de superficie y submarinos para crear escuelas especializadas y fortalecer las cooperativas de pescadores y evitar que la pesca industrial sin control arrase con los elementos más importantes del empleo artesanal de la región. Es importante crear una política marítima común de carácter regional que libere del aislamiento a San Andrés y Providencia en relación con su entorno social y cultural caribeño.

* Carlos Martínez, Phd. Analista Internacional

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Columnista invitado

Refugio: una lotería para pocos en Colombia

Turismo sostenible, alternativa para el Amazonas

El antropoceno en Colombia