¿Cómo responder a los retos en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible?

hace 32 mins
Por: Elisabeth Ungar Bleier

Devolverle el sentido de lo público a lo que es público

El disenso, la libertad de expresión, el derecho a la crítica y a ejercer la oposición dentro de los cauces de la legalidad, así como un sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder, son elementos esenciales de los regímenes democráticos.

Sin embargo, cuando su aplicación se distorsiona para imponer unas ideas personales o para desprestigiar a quienes piensan o actúan de una manera diferente a sus creencias, estos principios comienzan a perder valor y legitimidad ante los ojos de muchos ciudadanos. Además contribuye al desprestigio de las instituciones, en la medida en que, ante los ojos de muchos, su misión y sus funciones se confunden con las de quienes las representan o hacen parte de ellas. Esto conduce a que se generalicen afirmaciones como, por ejemplo, que el Congreso, la Contraloría o la Corte Constitucional son entidades corruptas, o que la Procuraduría toma decisiones que responden a determinadas convicciones religiosas, o que la Fiscalía abusa de su autoridad, cuando en realidad quienes actúan de esta manera son algunos de sus representantes, por lo demás pasajeros en sus cargos, y no las entidades como tales.

En los últimos años los colombianos hemos presenciado numerosos hechos que refuerzan estas percepciones. Por ejemplo, los llamados “choques de trenes” —que con frecuencia son más bien choques de egos— entre las cortes, entre éstas y las cabezas de los órganos de control, entre los presidentes y la Procuraduría, o entre ésta y unos ministros. De igual manera, la injerencia indebida en la elección o selección de colegas o subordinados, para intentar incidir en sus actuaciones o para retribuir favores. O las acciones para impedir u obstaculizar la toma de decisiones, aun si éstas se sustentan en un mandato constitucional o de un tribunal, como ha sucedido en temas como el aborto o la muerte asistida. Y cuando, al amparo de la libertad de cultos y contrariando el espíritu de la Constitución, los puestos y las oficinas de trabajo de algunos servidores de alto rango exponen públicamente símbolos con un evidente significado religioso, lo cual puede constituirse en una forma velada de presión a quienes no comulgan con esas creencias. O incluso cuando los expresidentes, cobijados o añorando el poder o su popularidad, pretenden desprestigiar a los jueces por no estar de acuerdo con decisiones relacionadas con hechos que tuvieron lugar durante su mandato.

Por supuesto no es posible deslindar tajantemente a las personas de sus cargos y de la entidad a la que representan. Pero solamente si damos los pasos necesarios para fortalecer la institucionalidad se podrá limitar la creciente personalización de la función pública y avanzar en la recuperación de la legitimidad y en la credibilidad de las instituciones. Por esto es tan importante definir muy claramente los alcances y los límites de las actuaciones de quienes ocupan cargos públicos, así como los de los espacios físicos y simbólicos donde ejercen sus funciones. Devolverle el sentido de lo público a lo que es público es esencial para que el poder de los gobernantes no se desborde y debilite el de los demás.

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