Por: María Teresa Ronderos

Diálogo de paz en Bogotá

Yo no creo en las Farc, dijo el escéptico.

No es una cuestión de fe, sino de persuasión, le respondo. Los negociadores en La Habana, los ciudadanos en las marchas, los pensadores en sus escritos y los curas en sus sermones, todos, tenemos que ponerles suficiente presión a los jefes guerrilleros para que desistan de usar la violencia y les respondan a sus víctimas. Y también para convencer a los opositores de que las Farc se saldrán de la guerra sólo si con esta firma consiguen alguna de las metas por las cuales llevan luchando medio siglo, como por ejemplo, un campo más equitativo.

Esos tipos no tienen ideales, sólo negocios.

Sí, están en el narcotráfico, la extorsión y el dinero fácil les pudre sus cuadros. Pero si no tuvieran cohesión política no hubieran sobrevivido la última ofensiva militar de más de una década que los supera en efectivos, en tecnología, en inteligencia y que les mató varios directivos y un comandante. Aún los amarra un sentimiento de resistencia política y por eso guerrilleros desde Ituango hasta Arauquita obedecieron la orden de cese unilateral de fuego del pasado diciembre.

El Gobierno no debe rebajarse a hablar con ellos como iguales...

¿Acaso no humillan más al Estado democrático obligándolo a gastarse el dinero de la educación de sus ciudadanos en tanques y balas? ¿No es más denigrante dejar que sigan volándoles las piernas a soldados y niños? Es más digno apelar a la palabra, la mayor expresión de civilidad democrática, para cerrar ya el largo y doloroso capítulo de la violencia política en Colombia.

Pero la guerra sigue, los militares combatirán a las bacrim...

Ya no será combate, será persecución a delincuentes. Es que el proyecto de ley reglamentario de fuero militar de Santos confunde, porque abre la posibilidad de que los militares combatan a las bacrim como un ejército enemigo, un objetivo militar, regido por las normas del derecho internacional humanitario que rige conflictos armados de naturaleza política. Y eso es abrir la puerta para que estas bandas exijan reconocimiento político en el futuro. Si se consigue eventualmente la paz con las Farc, de quedar vigente esta ley como figura hoy en el proyecto, ésta sabotearía el logro histórico de fondo: que en Colombia ya no sea legítimo apelar a la violencia en aras de unos objetivos políticos.

¿Por qué lo hizo?

Quizás para apaciguar a algunos opositores a la negociación de La Habana. Pero pareciera que este proyecto más que proteger judicialmente a los buenos militares, lo que busca es encubrir a los malos. Y ese será otro golpe al esfuerzo de paz, pues tampoco se conseguirá el fin de las Farc como grupo armado si no se garantiza que, luego de incorporados a la vida civil, no se desate una guerra sucia contra ellos.

Habrá guerrilleros que también jueguen sucio; la violencia no se acaba...

Es difícil que todos cumplan lo acordado. Absorber a ocho mil hombres, mujeres y niños que hoy integran las Farc a la vida civil no será fácil. Puede que sus frentes más corrompidos no entren en el acuerdo. Además quedan las bandas criminales. No obstante, la sola firma de paz tendrá un efecto fenomenal sobre la política colombiana porque oficialmente ya nadie podrá alegar que mata a nombre de la revolución comunista o de la antisubversión. Los colombianos podremos protestar sin miedo de enfurecer a la izquierda o a la derecha violentas. Nuevos partidos podrán surgir sin que maten a sus dirigentes por ser demasiado zurdos o demasiado godos. Es como derribar nuestro Muro de Berlín.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de María Teresa Ronderos

La solución es con todos

Farc, ¿por qué no cambias de estrategia?

Un Senado resplandeciente

El lado oscuro del carbón