Por: Rodolfo Arango

Días de deliberación

EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESpañol ha sufrido una clara derrota en las elecciones regionales y locales del domingo.

Sin lugar a dudas la crisis económica propició el resultado. Pero también las protestas de los indignados, jóvenes sin esperanza en el futuro. Con independencia del contenido de los reclamos y la abstención activa practicada por los manifestantes, las protestas españolas han patentado queriéndolo o no una nueva modalidad de acción política que vale la pena reportar: la toma pacífica de las plazas públicas los días previos a las elecciones con el fin de deliberar antes de votar.

La idea de institucionalizar jornadas de reflexión preelectorales no es nueva. Una propuesta cercana había sido formulada por Ackerman y Fishkin: la creación de un día de fiesta nacional denominado “Día de la deliberación”, durante el cual los votantes se podrían reunir para discutir sobre su destino y el de la sociedad antes de elegir a sus representantes. Lo que era una idea disparatada para algunos por peligrosa y utópica para otros, resultó no serlo tanto en la práctica. Los manifestantes inconformes se han anotado, queriéndolo o no, un sonoro triunfo: la invención de una forma de intervención legítima que puede variar la suerte de los partidos y candidatos en contienda.

Atrás han quedado las prevenciones en contra de este tipo de expresiones populares masivas. Grande fue la tensión generada por la ocupación de las plazas al acercarse los comicios. Incluso las autoridades españolas procedieron a declarar la ilegalidad de las reuniones pacíficas y a amenazar su disolución. Pero la cordura triunfó. Convivieron el ejercicio de la libertad de expresión y el del derecho al voto. La protesta terminó por castigar al partido de gobierno en tal magnitud que algunos han pedido anticipar elecciones nacionales para permitir la expresión plena de la voluntad general.

La experiencia ibérica enseña las bondades de combinar la democracia representativa con mecanismos de democracia real. Las marchas en contra de las Farc y del paramilitarismo en Colombia también han demostrado que en el país son inválidas las reservas que se elevan en contra del ejercicio masivo de los derechos civiles y políticos. Razones de orden público y temores de manipulación no deben impedir la toma de plazas y parques para ejercer una acción comunicativa espontánea y creativa. Las autoridades electorales tienen el tiempo suficiente para organizar el proceso electoral en sitios que no impidan la aglomeración tumultuaria de los manifestantes.

A los responsables del desgobierno es necesario darles rostro y castigarlos en las urnas junto a sus partidos o movimientos. La sátira y la caricatura políticas tienen su lugar en la plaza pública. No sólo en tiempos de carnaval, donde se permitía en la Edad Media la irreverencia frente al poderoso. Los sentimientos de indignación y rabia pueden orientar al voto castigo en contra de funcionarios corruptos, ineptos o arbitrarios. Los procesos electorales propicios al fraude –como se evidencia en la inscripción de cédulas recientemente clausurada– no parecen suficientes para canalizar la formación de la opinión y la voluntad políticas. Millones de jóvenes, electrónicamente conectados, están llamados a complementar los mecanismos formales para sacudirse de las simulaciones desplegadas por los tahúres del poder. No en vano se afirma que en una democracia es la sociedad civil, ese conjunto heterogéneo de grupos y organizaciones sociales, la que presta legitimidad al poder constituido. Este último no puede acallar su razón de ser sin con ello desvirtuarse.

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