Diez ideas para un rol crucial de la educación superior en la recuperación económica y social

Sin imaginación política y económica no podremos pasar de alivios a estímulos para un crecimiento sostenido.

1) Tomar la decisión política de priorizar la educación superior en el programa de estímulos para la reactivación económica, que no es lo mismo que un plan de alivios. Tanto por una concepción económica de largo plazo como por una razón de corto plazo: los universitarios pueden catalizar el descontento social en una situación de privaciones y alto desempleo juvenil, llevándose la gobernabilidad social.

2) Diseñar un rol para la educación superior acorde con la caída extraordinaria y los problemas estructurales de la economía: en objetivos y metas de productividad, empleo y equidad social; en instrumentos legales y en financiación. La crisis es una oportunidad para lograr lo que resulta imposible en tiempos normales, comenzando por aceptar que no tenemos la educación necesaria para la transformación productiva, la economía digital y del conocimiento, y la cuarta revolución industrial.

 3) Poner el acento en reanimar y aumentar la demanda estudiantil —que venía cayendo—, lo que exige cambios en la oferta de programas y en el modelo de financiación. Mostrar creíblemente que mejorarán los retornos privados de la educación terciaria es lo fundamental para expandir su demanda (y es claro que no será con carreras tradicionales sobresaturadas en la matrícula y en el mercado con baja rentabilidad).

4) Más que por decretos legislativos de emergencia, lograr el consentimiento y la cooperación de los actores para la implementación de los cambios mediante incentivos atados a la provisión de liquidez y financiación. Ofrecer una salida cuyos beneficios sean superiores a los costos y resistencias.

5) El rol de la educación superior en una reactivación económica sostenible requiere diversificar la oferta con énfasis en semestre cero, programas tecnológicos de dos años y formación dual (IES-trabajo), con el requisito de un año en el mundo laboral para continuar del ciclo tecnológico (con nueva conceptualización curricular) a la especialización o al llamado profesional.

6) La diversificación de la oferta con ampliación de cobertura en departamentos rezagados implicaría un subsistema con el SENA donde las IES T y T, estatales y privadas, no son unidades aisladas sino coordinadas (sin eliminar competencia), comparten antigua y nueva infraestructura con procesos académicos y administrativos independientes, y otorgan títulos compartidos con universidades de alta calidad, previo cumplimiento de requisitos de asociación.

7) Para que el gasto o inversión extraordinaria en educación superior sea sostenible es necesario que las cohortes futuras se beneficien directamente de una fracción de los rendimientos privados de las cohortes presentes que reciben subvención para su formación postsecundaria. Mientras no haya ingresos por encima de cierto umbral redistributivo, no hay contribución a los que vienen detrás. Es un trato totalmente distinto del crédito del Icetex.

 8) Sobre la base de una contribución contingente de todos los beneficiarios de subvenciones en la educación superior, es posible estructurar deuda pública de largo plazo en los cuantiosos montos necesarios para financiar oferta y demanda de matrícula (y sostenimiento), infraestructura física y de conectividad, laboratorios, adquisición de tecnología con incubadoras de industrias y cofinanciar residencias estudiantiles en concesión a terceros administradores.

9) La idea de economía política (y de ética programática) es no pretender que la educación superior consiga los recursos extraordinarios para su “reinicio” en la disputa por el presupuesto de la nación. La educación inicial y básica, las transferencias para subsistencia y la salud son gasto social prioritario frente a educación postsecundaria. Esta puede buscar, con ingeniería financiera, macrorecursos independientes o específicos vía préstamos de banca multilateral o TES de largo plazo, así finalmente estén respaldados por el presupuesto nacional.

10) Evitar que cientos de miles de bachilleres vayan al desempleo y ofrecerles un trato de riesgo compartido para financiar su formación productiva supone una economía distinta de la actual para tener éxito. Ya cerca del 50% de los sectores modernos se quejan de la calificación de los aspirantes a empleo.

El reto es lograr que los gremios económicos, las instituciones de educación superior —incluyendo el SENA— y las agencias gubernamentales creen mecanismos para pasar de excelentes documentos de prospectiva a políticas y diseños institucionales, meso y micro también. Para esto igual se requiere un marco jurídico de emergencia.

Que el COVID-19 nos deje en la olla y en las mismas no tiene gracia, y se contaría en años perdidos y en millones de pobres.

 @DanielMeraV