Por: Daniel Mera Villamizar

Dilema de la ministra de Educación

¿TODAVÍA PUEDE LOGRARSE LA 'UNIdad nacional' en la educación superior o la ministra presentará al Congreso su proyecto de reforma en julio? Ascun alista un proyecto de ley estatutaria de autonomía universitaria y la Nacional lidera la elaboración de una contrapropuesta de financiación de largo plazo.

Esto se llama haber perdido el liderazgo, por no usar el estilo de concertación del gobierno Santos. La reforma inconsulta ya fue derrotada en la discusión pública y en las calles. Llevarla al Congreso es seguir con la estrategia equivocada, pero, ¿qué otra cosa puede hacer la ministra?

La búsqueda de la prosperidad colectiva, del desarrollo competitivo, no puede darse el lujo de mantener la actual relación con la educación superior, signada por la incomprensión y la hostilidad. Empeorar la relación raya con la irresponsabilidad. La educación terciaria como verdadera ‘locomotora’ no será posible sin la mente, el talento, la buena voluntad de esos miles y miles de estudiantes que marcharon el 7 de abril, coreando consignas que refuerzan el ‘abismo’.

Retrocedimos varios años en prejuicios y los rectores quedaron limitados por el consenso interno adverso a la reforma, que por sí misma no vale el lapo de imponerla en el Congreso. Las 18 universidades acreditadas recomendaron “estudios específicos sobre cómo han funcionado ciertos postulados del proyecto (…) para ver las mejores alternativas para el caso colombiano”. Los foros y las opiniones recogidas no sustituyen esos estudios. A la ministra le pareció demasiada demora dos años para “construir la reforma entre todos”, porque “el tiempo en el mundo académico no coincide con el tiempo del Gobierno”.

Pudo intentar acelerar los ritmos, como se busca con la Justicia, pero en todo caso importa más el horizonte de largo plazo del desarrollo que el “tiempo del Gobierno”. Dos años, digamos, para cambiar una ley obsoleta de 18 años, que sirva para un crecimiento alto y sostenido durante unos 12 años, como logro de un gobierno que podría llegar a los ocho años, tiene cara de ser un buen negocio, una buena decisión. Por eso la responsabilidad también es del presidente Santos. Se le achaca todo a la ministra, pero ella no decide sola. De hecho, el presidente participó, con cierto entusiasmo, en la pésima comunicación de la reforma.

Parafraseando, el diseño del sistema de la educación superior acorde con el tipo de sociedad que se quiere, es un asunto demasiado serio para dejarlo sólo en manos del Ministerio de Educación, como se quiso, o en manos de los rectores o gremios interesados. La ‘unidad nacional’ es una operación de compromisos y de concesiones en una mesa de donde es muy mala idea levantarse. Además, la reforma planteada no es propiamente una aplicación exquisita de la “tercera vía” (¿el capital privado y el ánimo de lucro como la gran solución?). Si la ministra se le mide a forzar una reforma sin legitimidad, que los partidos de la U y Liberal, comprometidos con la juventud, le ayuden a componer la cosa en el Congreso.

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