"El joropo es la altanería del llanero": Cholo Valderrama

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Por: Elisabeth Ungar Bleier

Dinero y política, una relación tormentosa

LA RELACIÓN ENTRE DINERO Y POLÍtica es compleja y paradójica.

Si se desarrolla en un marco normativo adecuado, garantizando principios de equidad, eficiencia, publicidad y transparencia, contribuye a fortalecer y a mejorar la calidad  de la democracia.  Sin embargo, si no cumple con estos requisitos, se constituye en un riesgo para ésta y en una fuente de corrupción.  Sin recursos suficientes y oportunos no es posible garantizar unas elecciones libres, limpias y equitativas,  ni unos partidos fuertes con capacidad de movilización y representación. Pero cuando corrupción, violencia, narcotráfico y política se mezclan, como ha pasado en Colombia, se configura un evidente riesgo.

Varias leyes recientemente aprobadas en Colombia, en particular la Ley Estatutaria “por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, declarada exequible en la mayoría de sus artículos por la Corte Constitucional, y la Ley Anticorrupción contienen importantes disposiciones para blindar la financiación de las campañas y de los partidos y movimientos políticos, y en general al sistema electoral,  de usos ilegales e ilegítimos de los recursos provenientes del Estado y de donantes particulares.

Este marco normativo es un importante avance en esta dirección, al establecer límites a los montos, mejorar las condiciones para avanzar hacia una competencia electoral justa y más equitativa, fortalecer a los partidos, garantizar una mayor equidad de género, estimular la participación de mujeres y jóvenes en política, limitar la financiación proveniente de contratistas del Estado, definir responsabilidades de las colectividades partidistas y sus directivos frente al otorgamiento de avales y los ingresos y gastos de las campañas, entre otros.

Estas normas son muy importantes, pero son insuficientes.  Como lo señala Delia Ferreira: “La imposición de controles,  límites y restricciones no son suficientes e incluso en ocasiones no evitan el ingreso de fondos ilegales a los partidos políticos y a las campañas.  (…) Pueden  generar incentivos para que los actores involucrados diseñen mecanismos más sofisticados para canalizar el dinero hacia las organizaciones partidistas, los candidatos  y sus campañas, sin dejar huella”.

Por esto es necesario ir más allá y garantizar que además de la efectiva y pronta implementación de estas leyes se propenda por la máxima transparencia y publicidad de la financiación pública y privada,  para que ciudadanos, autoridades y medios de comunicación tengan acceso a la información, y sea un criterio al momento de decidir por quién votar  y hacerle seguimiento a la gestión de los elegidos.  Por ejemplo, para detectar si determinadas empresas o personas aportantes ganan sistemáticamente licitaciones o contratos públicos, o reciben beneficios desmedidos en comparación con otros sectores,  lo cual puede convertirse en un indicio de una especie de soborno anticipado, de favorecimientos indebidos o de otras actuaciones ilegales.

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