Por: Arlene B. Tickner

Diplomacia uribista

Con la intensificación de la globalización y la multiplicación resultante de canales diversos de interacción e interconexión entre los países, los actores no estatales y subestatales, entre ellos gremios económicos, partidos políticos, ONG, alcaldes, gobernadores y legisladores, han adquirido creciente visibilidad como gestores de la diplomacia, poniendo en cuestión la potestad exclusiva de los estados y los gobiernos sobre dicha actividad.

En contextos nacionales en los que determinados grupos consideran que aquellos no representan ni son receptivos ante sus intereses y necesidades, o peor, violan sus derechos, dar a conocer sus situaciones y posiciones ante contrapartes mundiales de distinta índole se ha convertido en una manera eficaz de hacerse oír y de ejercer presión política “desde afuera”.

En Colombia, las ONG de derechos humanos, los grupos indígenas y afrocolombianos, los ambientalistas, los sindicatos y las organizaciones de mujeres son, por necesidad, veteranos en el ejercicio de este segundo tipo de diplomacia. Inevitablemente, algunos de sus reclamos y de las exigencias (y los castigos) internacionales resultantes han sido fuente de molestia para uno que otro gobierno, como ha ocurrido casi siempre con la violación de los derechos humanos o como pasó en 2001 cuando los gobernadores de departamentos afectados por la fumigación de la coca viajaron a Washington para manifestar su rechazo al Plan Colombia.

Sin embargo, durante las dos administraciones de Álvaro Uribe, el disgusto de que se echara “agua sucia” al país en el exterior se elevó a la desautorización pública de la diplomacia paralela cuando ésta contrariaba la política oficial, convirtiéndose en algunos casos en señalamientos agresivos y peligrosos. Por ejemplo, diferentes críticos del TLC con EE.UU. fueron tildados de “apátridas”, los defensores de los derechos humanos, “cómplices del terrorismo”, y la oposición política, “terroristas vestidos de civil”.

Ahora que el Centro Democrático ha iniciado una “contragira” para presentar su lectura particular del proceso de paz y, más recientemente, para denunciar la supuesta persecución política contra algunos de sus miembros, hay que defender su derecho de hacerlo, como el de cualquier otro grupo. Más allá del oso que produce un expresidente que despotrica contra su sucesor ante el mundo o la denuncia risible presentada por Óscar Iván Zuluaga al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, paradójicamente, la diplomacia uribista puede reforzar la alineación de la comunidad internacional en torno a las negociaciones de paz y al gobierno de Juan Manuel Santos.

Tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina, por no mencionar a organizaciones internacionales y regionales como la ONU, la OEA y la Unasur, la figura de Uribe suscita entre controversia y rechazo. En contraposición a éste, Santos inspira confianza como un líder moderado, promercado y demócrata. Además de que el discurso guerrerista y antiterrorista del Centro Democrático ya no tiene tracción más allá de lugares como Israel, y entre algunos círculos de derecha, la percepción mundial dominante sobre Colombia como país en vías de superación juega en contra de los alegatos de dicha agrupación. Así, la diplomacia uribista no es más que un ejercicio torpe y cínico de distracción (frente a escándalos como el del DAS y el hacker) y destrucción (de la confianza ciudadana en el proceso de paz) cuya audiencia principal no es la comunidad internacional, ante la cual su credibilidad es reducida, sino las/los colombianas/os.

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