Por: Cecilia Orozco Tascón

Director de la justicia militar: ¿para la venganza?

La historia no tan lejana de Puerto Boyacá, el municipio tristemente conocido por ser centro de la “atrocidad paramilitar en el Magdalena Medio” (ver), y cuyos habitantes lo identificaron en los 70 y durante por lo menos 20 años más como “la capital antisubversiva de Colombia”, está manchada de sangre de masacres, asesinatos selectivos y al azar, descuartizamientos, violaciones de sus mujeres, sometimiento de niños, desplazamientos y otras atrocidades de imposible ocurrencia en otras partes del mundo. Puerto Boyacá llegó a ser el eje del salvajismo cuando se asociaron los ejércitos privados del narcoparamilitarismo con ganaderos propietarios de extensas tierras en la región y, también, con políticos corruptos y con el propio Estado que apoyó el bandolerismo a través de sus agentes civiles, militares y policiales. Pues bien, un ganadero y caballista de gran destreza (ver), vinculado a Puerto Boyacá desde su adquisición de una hacienda en la zona cuando apenas contaba con 20 años de edad, fue seleccionado, sin mucha bulla, en la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar (JPM) por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien certifica que el nuevo alto funcionario judicial, José Alejandro Ramírez Londoño, cumple “los requisitos para el empleo, teniendo en cuenta la necesidad del servicio” (ver).

Sin embargo, en el currículum de Ramírez Londoño, en quien recae la responsabilidad del manejo del presupuesto millonario de la JPM, tanto en dinero como en recursos humanos en todo el país, no existe ningún cargo anterior que califique al beneficiario de ese honroso puesto como merecedor del mismo. Su hoja de vida es una joya de curiosidades, por decirlo suavemente: en 2002, año del primer registro que él incluye como digno de mostrar en sus 17 de experiencia, compró la hacienda La Clave y Cerritos, justamente en Puerto Boyacá; de sus actividades de los cinco años siguientes no se sabe nada, pero en 2007 reporta haber trabajado ¡durante cuatro meses! Estuvo cesante hasta julio del 2008, momento en que el Tribunal Administrativo de Antioquia lo empleó como “sustanciador auxiliar” por diez meses. De nuevo, no registra actividad profesional desde mayo hasta septiembre de 2009 cuando decide ser “profesional independiente” hasta abril de 2014, momento en el cual el exministro de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, lo invita a ser parte de su programa radial La hora de verdad, en RCN. Después de año y medio vuelve a ser profesional independiente y entonces confiesa que trabajó desde 2011 y hasta 2017 en una “estación de servicio”, en Puerto Boyacá, que debe ser de su propiedad puesto que se llama “La Clave SAS”, como su hacienda. Por último, del 2017 a febrero de 2019, repite como profesional independiente (ver). Es cuando sus méritos y larga experiencia hacen que el ministro Botero se fije en él para dirigir el componente administrativo de la JPM.

Ramírez Londoño reporta ser abogado especialista en negociación y magíster en administración, pero no informa de cuáles universidades. Y, desde luego, salta a la vista que, salvo sus meses de sustanciador de un despacho judicial, tiene nulo ejercicio en la profesión de derecho. La pregunta del millón: ¿por qué un experto en caballos y ganado y propietario de tierras en Puerto Boyacá tiene la suerte de ser elegido para administrar el presupuesto, para nombrar funcionarios y para retirar jueces de la JPM, según su criterio autónomo? Las respuestas nos las entregaron comentaristas del uribismo más hirsuto: El columnista José Obdulio Espejo, coronel (r) del Ejército, pidió que Ramírez “sacara a flote” la JPM y la defendiera de “la evidente conducta rapaz de la justicia transicional”, JEP (ver), a la que acusó de “felonía” por el ataque que estaría fraguando contra aquella, induciendo a los soldados a denunciar falsamente a los generales por los asesinatos fuera de combate que se incentivaron como victorias de guerra. Se trata de la tesis repetida por la extrema derecha para evitar que se conozca la verdad de lo que sucedió, por ejemplo, en Puerto Boyacá. Espejo no fue el único que se alegró con la llegada del ganadero Ramírez a la administración de la JPM. También lo hizo evidente un portal financiado por uribistas dispuestos a difundir noticias calumniosas de la oposición y noticias ciertas de su agrupación. Allí se repitieron las afirmaciones de Espejo, pero se añadió un deseo compartido por muchos: que “ojalá el abogado Ramírez le «entre» a las investigaciones contra los altos mandos «leales» a Juan Manuel Santos. Lo cierto es que Ramírez, por lo que indican sus vínculos, parece ser el hombre perfecto para hacer la tarea de la facción de ultraderecha que manipula los hilos del poder. Y ya habría empezado una etapa de venganzas removiendo jueces penales que compulsaron copias a la justicia civil para que esta investigara crímenes de lesa humanidad y de corrupción en los mandos. ¿Qué le esperará a Colombia cuando terminen de rearmarla?

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2019-09-18T00:00:51-05:00

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2019-09-18T08:19:36-05:00

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