Por: Arlene B. Tickner

Disonancia y drogas

Hace dos semanas, el programa Hashtag Internacional, de Canal Capital, presentó en exclusiva los contenidos del acuerdo firmado el 9 de septiembre entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para dar fin a la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia en 2008 sobre las fumigaciones de los cultivos ilícitos con glifosato en la frontera.

 En el documento, Colombia reitera su respeto por la soberanía ecuatoriana y los derechos de sus habitantes y se compromete a hacer lo necesario para evitar generar efectos nocivos en el país vecino. Aunque no se disculpa por los daños ambientales y de salud ni indemniza formalmente a Ecuador, ofrece pagar US$15 millones para el desarrollo social y económico de las zonas fronterizas.

Además del secretismo que ha acompañado al acuerdo, un rasgo inadmisible pero habitual de la diplomacia colombiana, en lo sustancial éste plantea una paradoja insólita. Mientras que el discurso oficial nos dice que a este lado de la frontera la erradicación aérea es legítima como estrategia antidroga e inofensiva para la gente y el entorno, por el lado ecuatoriano no sólo se reconoce como ilegítima, sino que se acepta que el glifosato utilizado supuestamente sin problema aquí es tóxico allá. Y aunque en Colombia los cultivadores de hoja de coca y demás campesinos que habitan en las zonas fumigadas no gozan de derecho de reclamo ninguno, el gobierno de Santos ha destinado fondos considerables y acordado crear un protocolo especial para atender las quejas que se presenten en territorio ajeno por parte de los nacionales de Ecuador.

Semejante disonancia no es fácil de digerir, sobre todo cuando hay evidencias crecientes de que la aspersión aérea es inefectiva como estrategia de erradicación y que se asocia a problemas de salud. Un riguroso estudio de los profesores Daniel Mejía y Adriana Camacho, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el cual la Cancillería pidió que no se hiciera público, concluye que entre los “efectos colaterales” de la fumigación con glifosato se incluye el aumento en la probabilidad de trastornos en la piel y de abortos, y que la erradicación manual se asocia con la disminución de enfermedades respiratorias.

En un contexto de negociación de la paz, asumir una posición miope de cara al país respecto a los cultivos ilícitos y otra más conciliadora frente al Ecuador suena a duplicidad, por no decir ineptitud. No es gratuito que Colombia sea el único país del mundo que usa la aspersión química como método de erradicación. Después de 15 años y 1,2 millones de hectáreas fumigadas, el problema sigue. Peor aún, la “guerra contra los cultivos” ha erosionado la legitimidad del Estado y aumentado la desconfianza de las poblaciones afectadas, que suelen ser tratadas como criminales. Como en Afganistán, en donde la fumigación de la amapola se desechó porque incrementaba el capital político de los talibanes, en Colombia su uso masivo reforzó el control territorial de las Farc en las zonas cocaleras. La única solución tiene que provenir de La Habana, bajo el entendido de que preservar la disonancia que maneja el gobierno entre lo interno y lo externo puede traer efectos catastróficos en la etapa del posconflicto.

 

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