Distancias

Una de las muchas cosas raras que están sucediendo en nuestro país es que el Gobierno afirma estar a la cabeza de la lucha contra algunos males sociales a los que muchos lo asociamos. ¿Que la paz está cada vez más amenazada y distorsionada? No, asegura Duque con el corazón en la mano, no la quiere hacer trizas. “Ni risas ni trizas”, concluye con su infalible instinto de baladista para la rima fácil. ¿Que podríamos estar en presencia del retorno de los falsos positivos? Todo es un malentendido, pontifica ceremonioso Carlos Holmes Trujillo. ¿Que continúa la brutal sangría de líderes sociales? Lo único que quiere el Gobierno es detenerla. Como se esmera también en promover la equidad, o en combatir la corrupción.

¿Cómo entender estas distancias enormes entre las palabras y los hechos? Por supuesto, la distancia podría no existir, ser el espejismo de una mirada sesgada. Este es el tipo de hipótesis que nunca se debe descartar. Pero hay otras explicaciones posibles.

En estos casos, una de las mejores maneras de salir de la perplejidad es fijar la atención en los incentivos: cuáles actos y personas premia el Gobierno y cuáles castiga. Allí no solamente se observa realmente dónde están sus apuestas, sino también el tipo de comportamientos que promueve y que podríamos esperar observar en el futuro. Hagamos un pequeño ejercicio de recapitulación para refrescar la memoria. Cuando surgió el escándalo de los falsos positivos redivivos y un general —por razones buenas, regulares o malas— salió a excusarse frente a la comunidad por el asesinato cruel de un desmovilizado de las Farc, lo primero que sucedió es que ese oficial fue regañado públicamente y después enviado a las tinieblas exteriores. Después, según lo reportó la revista Semana, se desató una auténtica cacería contra las posibles fuentes de los periodistas que dieron a conocer la pésima noticia de que el conteo de cuerpos aún no había desaparecido, pese a las amarguísimas experiencias del pasado inmediato. La misma revista informó hace poco que a una de las cabezas visibles de tal cacería la acaban de premiar con el ascenso a una poderosa posición.

¿Equidad? Una de las prioridades del Gobierno es rociar con veneno a algunos de los ciudadanos más vulnerables de este país —campesinos con cultivos de uso ilícito—, exponiéndolos temerariamente a riesgos y costos significativos. A propósito: ¿por qué en este trance callan de manera tan estruendosa los autoproclamados defensores de los niños? ¿Acaso esos campesinos no tienen hijos a los que el Estado tiene la obligación de proteger? El partido de gobierno se encarga de torpedear todo intento incluso de mínima reparación a los campesinos despojados y desplazados; en eso ha consistido la obsesión, más que actividad, legislativa de María Fernanda Cabal. O vean el episodio de Arias. Dejo a los abogados la discusión sobre la validez de la segunda instancia, la proporcionalidad de la pena que se le impuso y demás debates relevantes. Sin embargo, traerlo en un vuelo especial, darle tratamiento y prisión de lujo, y promover una ley con retroactividad para salvarle el pellejo —y de paso el de numerosos parapolíticos— sólo puede mandarle una señal al país: hay unos colombianos de primera y otros de segunda, y el compromiso de este Gobierno es velar por los fueros de los de primera.

Lo cual me lleva inevitablemente al tema corrupción. Mientras proclama sus deseos de luchar contra ella, el Gobierno se muestra dispuesto a pagar una millonada para proteger a Odebrecht (de todas las entidades del mundo…). Parecía comprometido con la ley Andrés Felipe Arias, que objetivamente, en este momento y lugar específicos, favorecería a los peores corruptos. Y así sucesivamente.

Algo análogo, de hecho, sucede con la protección de los derechos humanos y los líderes sociales. Pero, claramente, esto merece un tratamiento separado. Por el momento, a marchar: es hoy. Es importante. Hay que salir a la calle.