Por: Nicolás Uribe Rueda

Distracciones

Aunque no es nuevo el debate sobre la conveniencia de prohibir a los ciudadanos el porte legal de armas, sin duda resulta interesante revivir esta polémica, que ha transitado varias veces sin éxito por el Congreso en años anteriores.

Ahora, si bien es cierto que existe más peligro de matar o de morir cuando se tiene un arma (sin importar su origen), también parece estar demostrado que la cuota más alta de la violencia generada por las armas se produce precisamente por las armas ilegales, que como es obvio, quedarían fuera del alcance de la medida que se ha venido discutiendo. Investigaciones afirman que la participación de las armas legales en la comisión de delitos en Colombia ni siquiera llega al 4% y que, paradójicamente, ciudades capitales con bajísimas tasas de porte legal de armas por habitante, son precisamente aquellas en donde existen las tasas de homicidio más elevadas. Incluso, no creo que sería impertinente afirmar que hoy no existe estudio serio y puntual que permita establecer relación alguna entre violencia y porte legal de armas en nuestro país, como, por ejemplo, sí parece haber correlación entre espacios territoriales de profundas conflictividades sociales y altas tasas de delincuencia.

Lo cierto, sin embargo, y más allá de este debate, es que con o sin la autorización para el porte de armas, la seguridad de las ciudades no tendrá ninguna mejoría sustancial si la medida no hace parte de una política sistemática de lucha contra la delincuencia, que tenga por supuesto mucho más alcance que el de una estrategia puntual para el control de armas (legales e ilegales). Lamentablemente el riesgo que se corre con el entusiasmo desbordado sobre este tipo de medidas es que en las ciudades de Colombia la política de seguridad se confunda con la prohibición del porte de armas, como en el pasado se ha confundido con la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en algunos establecimientos o con el toque de queda para menores de edad a partir de ciertas horas de la noche.

Por lo anterior, lo que uno quisiera oír del Gobierno no es sólo que impulsará una iniciativa legislativa para hacer más gravoso el porte de armas, sino que construirá de la mano con los municipios y distritos la política de seguridad en la respectiva entidad territorial para los próximos cuatro años, con el propósito de que ésta sea incorporada en los planes de desarrollo que deben empezar a formularse y que necesariamente deben articularse y coordinarse entre los diferentes niveles territoriales y con todas las ramas del poder público.

Una estrategia de seguridad que logre reducciones sustanciales de la delincuencia en las ciudades, requiere mucho más que medidas aplaudidas o criticadas por la galería. Se necesitan altas dosis de compromiso político, pero también recursos, coordinación institucional, información adecuada y oportuna, fuerza pública, mecanismos alternativos de solución de conflictos, mejoramiento del espacio público, presencia del Estado, así como políticas de prevención y acciones contundentes de cultura ciudadana entre otras cosas. Y ello sólo es posible articularlo en el marco de una política de seguridad ciudadana, aquella que no tienen sino muy pocas de las principales ciudades de Colombia.

@NicolasUribe

 

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