Por: Ernesto Yamhure

Divide y… arruinarás

UNA DE LAS DECISIONES MÁS INNOvadoras del presidente Uribe consistió en fusionar algunos ministerios. Entre ellos el de Interior con el de Justicia y el de Salud con el de Trabajo.

Según el criterio del anterior gobierno, la unión de carteras permitía optimizar recursos y concentrar los objetivos de política pública, pues otrora teníamos unos ministerios que en la práctica se habían convertido en simples fortines burocráticos sin mayores desafíos institucionales.

Como candidato a la Presidencia, jamás le oímos decir a Santos que reversaría dicha fusión. Por eso, fue grande la sorpresa cuando, una vez elegido, anunció la reapertura de los ministerios de Justicia y de Trabajo.

El fin de semana pasado leí una interesante columna del ex ministro Diego Palacio  en la que hizo algunas reflexiones sobre la inminente separación de carteras. Alertaba sobre los costos que tendrá que asumir la nación una vez se desintegre el Ministerio de Protección Social y se creen de manera escindida los de Salud y Trabajo. Por ejemplo, decía Palacio, sin esa separación habría sido imposible alcanzar la universalización en aseguramiento, o la implementación de la planilla única de pago, que reporta recaudos cercanos a los 3 billones de pesos cada mes.

Pero las críticas más fuertes se generan por cuenta de haber ensamblado en uno solo los ministerios de Interior y Justicia. Se dice que esa decisión es la causante de las diferencias que tuvo el gobierno anterior con la Corte Suprema. Independientemente de aquello, sí creo que vale la pena reflexionar  sobre la conveniencia de crear de nuevo una dependencia que no tenía grandes responsabilidades.

Algunos dirán que desde allí se manejaba el presupuesto de la justicia en Colombia. ¿Y acaso el ministerio que actualmente existe no lo hace? Miremos las cifras: entre 2003 y 2004, el sector recibió un 17% más de dinero, pasando de 1,9 a 2,3 billones de pesos. En 2005 subió a 2,5 billones; en 2006 a un poco menos de 2,9 billones y así fue aumentando hasta llegar a la no despreciable cifra de 3,8 billones de pesos en 2008. Igual, eso es irrelevante porque ese es un asunto que solamente le compete a Hacienda.

Por cuenta de la separación de poderes, el Ejecutivo no puede meter la nariz en la formulación de la política criminal colombiana. Esa tarea le corresponde exclusivamente a la Fiscalía. Entonces, ¿realmente un ministerio, con los costos que trae consigo su creación y manutención, será la solución a los problemas de la justicia en Colombia?

Parece que el nuevo gobierno ha caído en la falaz doctrina que les asigna una virtud mágica a las normas: frente a cada dificultad se tramita una ley.

La apertura de nuevos ministerios resultará onerosa y más ahora que el Estado, gracias a las leyes de víctimas y tierras, va a quedar del cuello en materia fiscal. Si en efecto el Congreso va a apoyar ese par de iniciativas, debe ser consciente de que el erario no alcanzará para cubrir todas estas audacias gubernamentales.

Se percibe al nuevo presidente un tanto acelerado. Lleva cinco semanas en ejercicio y ha hecho hasta para vender. No me refiero al inmundo abrazo que le dio al tirano venezolano, sino a las iniciativas que en efecto atentan contra la estabilidad económica del país. Sería muy bueno que el ministro de Hacienda le dijera al país cuánto van a costar las leyes de víctimas y tierras. Cuando se conozca esa cifra, más de uno dejará de andar pidiendo la apertura de nuevos frentes burocráticos, entre ellos los ministerios que se pretende inaugurar.

* * *

Con Germán Vargas no tenemos ministro de Gobierno, sino un gobierno del ministro.

 

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