Por: Columnista invitado

¿Dónde están los habitantes de calle?

El 3 de septiembre de 2016 enviamos un derecho de petición desde Parces ONG al Instituto Nacional de  Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este, le preguntábamos al Estado por las muertes violentas hacia habitantes de calle. Habían transcurrido tan solo 3 meses después de la intervención del Bronx y nuestra organización tenía un preocupación genuina por investigar las violaciones a derechos humanos que habíamos identificado desde el trabajo de campo que veníamos realizando en el caño de la treinta con sexta después de la intervención y según las imágenes de la prensa en las que pudimos contemplar impotentes cómo el cauce crecido del caño había arrastrado a las personas que estaban cercadas allí. El 22 de septiembre de 2016 Medicina Legal nos proporcionó las siguientes cifras:

Entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2016 habían muerto en la ciudad de Bogotá 17 habitantes de calle: 3 mujeres y 12 hombres asesinados por armas corto punzantes o armas de fuego y 2 hombres atropellados en accidentes de transporte. Sin embargo, la prensa había registrado la muerte violenta de una mujer habitante de calle que no apareció en las cifras proporcionadas por el Instituto.

Nuestra organización continuó realizando seguimiento a la crisis humanitaria presentada en el caño y allí pudimos caracterizar las múltiples violencias que vivió esta población por parte del Estado y que presentamos el pasado 25 de mayo en el reporte.

Destapando la Olla: Informe Sombra Sobre la Intervención en el Bronx. Antes de la presentación del informe, el lunes 22 de mayo, las organizaciones autoras tuvimos una reunión en la Secretaría de Seguridad para presentar algunos de los principales hallazgos del informe. Después de nuestra presentación, el Secretario Daniel Mejía presentó unas cifras que había solicitado a Medicina Legal sobre los homicidios hacia habitantes de calle en la ciudad de Bogotá. Estas mostraban una comparación entre los 11 meses anteriores a la intervención y los 11 meses posteriores a la intervención y evidenciaban una reducción del 60,4%, entre un periodo y otro, de los homicidios a habitantes de calle en la ciudad de Bogotá.  

 

En aras de continuar con el seguimiento a las muertes violentas, habíamos enviado anteriormente otra solicitud de información a Medicina Legal con fecha del 2 de mayo de 2017 preguntando nuevamente por las muertes violentas a habitantes de calle desde el 28 de mayo del año pasado hasta el 1 de abril del presente año. Las cifras aportadas por el Secretario y las segundas cifras entregadas por Medicina Legal a nuestra organización coincidían entre ellas pero diferían con la información que el Instituto nos había entregado en septiembre de 2016. Es decir: hay una incongruencia de 11 homicidios a habitantes de calle entre los dos documentos proporcionados tanto por el distrito como por Medicina Legal. Según la nueva información, los primeros 3 meses después de los asesinados, 6 habitantes de calle mientras que en la información oficial, que nos habían proporcionado anteriormente, la cifra era de 17 personas.

La diferencia presentada por el Estado es alarmante y suscita unas cuántas preguntas: ¿por qué hay una incongruencia de 11 homicidios a habitantes de calle en las cifras oficiales que presenta el Estado?, ¿cambió la forma en que medicina legal clasifica las muertes de habitantes de calle? De ser así, ¿cuál es el fundamento de este cambio? Y de no ser así ¿es irrelevante la desaparición confirmada de 11 ciudadanos habitantes de calle en un documento oficial, ignorando en este asunto la desaparición de muchos más según los testimonios de quienes sobreviven?

Las organizaciones sociales que hacemos seguimiento a los derechos humanos en Colombia solemos vernos estigmatizadas cuando presentamos información que no favorece a las administraciones de turno. Estas situaciones detonan comentarios politizados con fines acusativos que no solo cuestionan la veracidad de la información, sino las intenciones de las luchas sociales y sus defensores, y es ahí donde reside el más importante punto al que se dirige esta columna de opinión con hechos verídicos, comprobables y obsesivamente enfáticos: se ha desaparecido de los documentos oficiales y de las calles ciudadanos habitantes de calle, de esos que no tienen nombre ni domicilio y a quienes la justicia social no puede rastrear.

Derecho de petición  

 

 

 

 

 

 

 

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