Dos años de desgobierno

Iván Duque pretende ser un político de centro. El centrismo se entiende como una posición identificada con la búsqueda de un orden político social basado en el consenso y el diálogo racional. No parece entonces que Duque sea centrista: ha sido un instrumento dócil de la extrema derecha, ha atropellado a sus opositores, ha concentrado el poder, ha desplegado políticas de seguridad que conducen a la violencia, se ha hecho a los órganos de control, destruyó el equilibro de poderes, ha atropellado a las cortes y ha perdido todo indicio de imparcialidad frente a los delitos de su jefe y mentor. No sobra agregar que ha traicionado la Constitución de un Estado supuestamente laico al declararse seguidor de un credo religioso particular.

El primer año de su gobierno fue desperdiciado por una ingenua política anticorrupción de no ofrecer mermelada a las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Nombró un gabinete con las posiciones estratégicas en manos del ultraderechista Centro Democrático y el resto con tecnócratas que no contaron con apoyo político suficiente para llevar a cabo sus loables iniciativas.

El segundo año fue un poco más productivo para sus fines perversos pues estableció intercambios con Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y los partidos cristianos, lo que le permitió contar con amplias mayorías en el Congreso que lo acompañaron en su captura de los organismos de control y de aprobar la cadena perpetua. Sin embargo, no pudo desarrollar una agenda legislativa importante, por ejemplo, reforma a la justicia, electoral, etc. Lo que sí pudo hacer fue aprobar un Código de Policía que la empodera y le permite los excesos de violencia que han provocado las manifestaciones populares desatadas en los últimos días.

Hay que abonarle a Duque que reaccionó rápidamente frente a la pandemia del COVID-19, pero las debilidades estructurales del sistema de salud, que no han sido abordadas, permitieron que Colombia tuviera unas de las más altas tasas de contagio en el mundo. Los subsidios ofrecidos a empresas y desempleados frente a los enormes impactos que causó la pandemia fueron pequeños y tardíos, de tal modo que también presentamos uno de las más altas tasas de desempleo del continente con más de un 20 % de la población activa total y de un 25 % en las ciudades, solo superados por Haití.

Según lo reveló el más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, del Fondo de Mitigación de emergencia (FOME) se han desembolsado $14 billones (pero no todo se ha ejecutado) y quedan $11,5 billones por destinar. Para dar una idea del esfuerzo del gobierno, se ha acopiado sólo 1,3 % del PIB para atender la crisis y de estos fondos se desvió un préstamo para salvar a Avianca por US$370 millones, empresa que dificilmente podrá salvarse. Según Luis Carlos Reyes, es muy improbable que el resto de los fondos se puedan gastar este año, sin importar las enormes necesidades que tiene la población azotada por el desempleo y el hambre.

El ministro Carrasquilla ha conseguido financiarse interna e internacionalmente para enfrentar los gastos de la emergencia, pero no ha recurrido a medidas que acopien más recursos como sería un préstamo del Banco de la República. No ha mostrado sus intenciones en torno a una reforma tributaria que compense los más de $10 billones que otorga cada año a las empresas y ricos del país, gracias a su iniciativa legislativa de 2019.