Por: Cartas de los lectores

Dos cartas de los lectores

Sobre el Palacio

Han pasado ya 32 años de las infames toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá. Hoy, y después de ese fatídico holocausto, siguen apareciendo personas que salieron con vida y luego aparecieron muertas y que se desempeñaban en diversos oficios dentro de la edificación. La verdad no se sabrá nunca. Las partes involucradas en uno de los acontecimientos más execrables contra el Estado colombiano jamás referirán la realidad del porqué de este innoble suceso que, año tras año, seguiremos conmemorando con inmenso dolor de patria.

Ni la guerrilla de la época, el M-19, primer eslabón causante de esta histórica tragedia, ni los organismos de control del Estado, llámense Ejército, Policía y DAS o F-2, como segundos determinadores y ejecutores del macabro plan de la retoma, han sido honestos con el pueblo colombiano y han ocultado la veracidad de esta lúgubre y siniestra efemérides que hoy, y después de algo más de seis lustros, seguimos llorando a mares. Los primeros, después de amnistías y perdones por cuenta del Estado, ahora se desempeñan en importantes cargos públicos; y los segundos han logrado “evadir” la justicia mediante fallos altamente cuestionados, provenientes de las mismas altas cortes que un día fueron avasalladas y humilladas, y les han hecho el “quite jurídico”, y nunca en derecho, a fallos que pasan de ser medianamente sospechosos a “aterradoramente sospechosos”.

¿Esta es la clase de colombianos que tanto se ufanan de amar y respetar la patria o es simplemente un grupúsculo de malquerientes y oportunistas que, bajo la intimidación de las armas, se quisieron tomar el poder, y otros que lo ostentaron pero quisieron “defender la democracia, maestro”?

Virgilio Duque Salazar. Bogotá.

 

Constitucionalismo conveniente

En forma inexplicable, por decir lo menos, ahora se habla en el Externado de “constitucionalismo de transición”, relativizando la supremacía de la Carta frente al bien supremo de la paz. Un modelo de justicia transicional sin la aprobación del constituyente primario atropella la dignidad de las víctimas, ya que ningún poder constituido, como lo son el Gobierno o el Congreso, está facultado para desconocerla. La dignidad humana no es un recurso retórico, sino el principio de los principios constitucionales, no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia y, en caso contrario, se sustituye la Constitución. En otras palabras, convertir a las víctimas en un medio para lograr fines, por más loables que sean, desconoce que la persona humana es un fin en sí misma y no un objeto manipulable.

Por otra parte, y con abstracción al principio de igualdad, por no existir identidad entre víctimas y victimarios, si a los 6.700 miembros de las Farc-EP se les asignan como mínimo diez congresistas, a los 8’554.639 víctimas nos corresponderían 12.768 curules, dentro de lineamientos democráticos y participativos para asegurar un sistema político, económico y social justo.

José Antonio Durán Ariza.

 

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