Por: Cartas de los lectores

Dos cartas de los lectores

Las contralorías

Hace un par de meses, el egregio economista Jairo Parada Corrales comentó en su columna habitual en El Heraldo de Barranquilla que un contratista del Distrito de Barranquilla nos cobra $450.000 por una palmera que, según Parada, cuesta $60.000.

El contralor del Distrito, de apellido Fiorillo, hijo de un exjugador del Júnior, Fernando Fiorillo, a pesar de las quejas como la del ciudadano suscrito en este documento, no ha abierto la boca para negar o dar por cierta la denuncia del profesor Parada. No está de más decir que este ciudadano de apellido Fiorillo fue retirado de su cargo en años pasados como inspector de pesas y medidas del Distrito de Barranquilla, no precisamente por actuaciones honestas.

El señor Fiorillo es muy religioso y dicen que es de Cambio Radical. De ahí, creemos, su silencio en la denuncia del profesor Parada y en lo que tiene que ver con sus funciones como contralor del Distrito de Barranquilla.

Emiro Álvarez Velásquez. Barranquilla.

 

SPP y las políticas públicas

Se ha observado una cosecha extraña de artículos en serie, hechos con plantilla, sobre el programa SPP. Artículos mandados a hacer. De improvisados defensores inscritos en cadenas de amiguismo académico.

Rompen el coro unísono tres o cuatro escritos rigurosos, con el tema mejor estudiado, con criterios más amplios y diversos, y argumentos más pertinentes y mejor afinados. Se destacan cuatro trabajos de reflexión, serios y de orientador análisis: el de la psicóloga javeriana Leonor Noguera Sayer, el del exdecano de la Facultad de Educación de la UdeA Carlos Arturo Soto Lombana, el del exrector de la UN Leopoldo Múnera Ruiz y el del director del Instituto de Filosofía de la UdeA, Francisco Cortés Rodas. Los cuatro coinciden desde muy diferentes posiciones e intereses en señalar en el programa SPP importantes limitaciones y dificultades de inclusión, equidad y resolución de cobertura, de participación y representatividad.

El programa SPP deja muchas dudas. Absurdo resulta que las palancas sociales, el amiguismo y los intereses privados lo quieran impulsar como política pública sólo para obtener su financiación. Las políticas públicas en educación deben sostenerse en otros criterios, expuestos con claridad, y amplia experiencia, por dos universidades públicas coincidentes en su reflexión y trazado: la U. Nacional y la U. de Antioquia. Ambas proponen partir del reconocimiento del derecho educativo de todos y para todos, de un servicio colectivo, y no individual y para unos pocos, sino de criterios generales e igualitarios. El programa de excelencia académica existe en las universidades públicas. Es generoso, estimulante, incluyente y equitativo. El programa SPP está lejos de la naturaleza intrínseca esencial que debe caracterizar una política pública, y no tiene por qué pagarlo el Estado.

Fernando Lombana. Bogotá.

 

Envíe sus cartas a [email protected].

Buscar columnista