Por: Cartas de los lectores

Dos cartas de los lectores

Justicia para los pensionados

El Senado y la Cámara, como órganos del Poder Legislativo colombiano, hicieron justicia con el rechazo unánime a las objeciones del presidente Juan Manuel Santos Calderón al proyecto de ley que reduce el aporte de salud de todos los pensionados del 12 al 4 %.

Así, el Congreso en pleno cumplió en sus dos plenarias con el rechazo a las objeciones presidenciales al referido proyecto y, en consecuencia, ahora será la Corte Constitucional la entidad que decidirá sobre su exequibilidad. Si es exequible, la Corte obliga al presidente a sancionar la ley de la República, y si él no cumple con el deber de sancionarla, la Constitución establece en el artículo 168 que la sancionará y promulgará el presidente del Congreso. Y si la Corte lo declara inexequible, se archivará el proyecto. Debido a la vacaciones judiciales, la Corte Constitucional decidirá sobre este proyecto en el mes de enero del próximo año.

La reducción del aporte de salud del 12 al 4 % fue una promesa de campaña del actual presidente a la población pensionada de Colombia, que integran aproximadamente dos millones de personas.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo.

 

El robo al sistema de salud

Pensar en límites razonables con los socios de la salud llamados empresas promotoras de la salud (EPS) que nos han correspondido en suerte resulta nada fácil por las secuelas que vienen arrastrando, producto de los múltiples y millonarios atracos propinados al sistema. Razonamientos como los que nos ofrece El Espectador son de altísimo contenido social, dignos de nuestra aprobación. Pero es el caso que empresarios, personas e instituciones comprometidos con la salubridad pública, aliados con funcionarios públicos, políticos y jueces corruptos, han permitido el robo de los sagrados haberes de la salud, con ingeniosas tretas y hasta vulgares formas de hacerlo. Ya fuese creando IPS sin personal y elementos, asfixiando con deudas a hospitales y clínicas, manipulando nóminas paralelas, facturando al Fosyga operaciones y procedimientos costosísimos no practicados, y un largo etcétera. O también mediante sofisticadas disposiciones internas, como el martirio de esperar una hora o más al teléfono para obtener una cita lejana en el tiempo y no otorgar más de una, con lo cual escasamente sea media docena al año. Estas crueles acciones son otras manera criminal de eludir el deber constitucional de velar por la salud pronta y eficaz de los afiliados, para lo cual han recibido cuantiosos recursos anticipados, que algunas veces se han convertido en fastuosos clubes internacionales de golf, a donde nunca concurriremos, mientras mueren pacientes por falta de camas o de medicamentos. Esto no les preocupa un ápice porque el Gobierno es débil y timorato, para el que el asunto es de simples estadísticas. Cuán tenebrosa es la historia de estas entidades y cuán dolorosos los recuerdos que tenemos los colombianos de sus pecados mortales.

Jorge Pimentel.

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