Dos cartas de los lectores

Leímos con cuidado el informe publicado el día 15 de agosto de 2018, titulado “Estos son los medicamentos más caros y más vendidos en Colombia”, consideramos que estos esfuerzos de transparencia con el lector contribuyen a la sostenibilidad del sistema salud, lo cual es uno de los compromisos principales de Afidro. Sin embargo, creemos que este esfuerzo positivo se desdibuja cuando hay errores que distorsionan las cifras que dañan la reputación de empresas que han tratado de cumplir con las reglas establecidas por el Gobierno.

Por ejemplo, cuando se hace mención de Entyvio (Vedolizumab) como uno de los siete medicamentos más caros de Colombia en el 2017, Takeda, la compañía que produce y comercializa dicho producto aclara que el dato es impreciso, debido a que su valor real es de $7.138.697 que se encuentra regulado en la Circular 07 de 2018, y no de $74.600.000 como aparece en el cuadro publicado por ustedes.

Por tal motivo, solicitamos cordialmente corregir el precio del medicamento citado por El Espectador, debido a que la imprecisión del dato podría generar confusión en la población en general, médicos y pacientes; así como poner en riesgo la reputación de una compañía y de la industria farmacéutica.

Aclaramos el respeto que sentimos por la libertad de expresión en Colombia, sin embargo, es importante tener en cuenta que dicha información debe ser veraz e imparcial. Agradecemos su colaboración.

Gustavo Morales 
Presidente Ejecutivo de Afidro.

N. del D.: El precio incluido en el informe corresponde al que presenta ese medicamento en el Boletín emitido por la  Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Consultada la comisión, nos informa que fue la propia compañía Takeda la que  registró en el sistema un precio errado de su medicamento. Igual, procederemos a hacer la corrección solicitada.

Delitos sexuales y sanción alternativa

El escándalo que ha generado, particularmente en la derecha uribista, la decisión de la Corte Constitucional sobre los delitos sexuales en el marco del acuerdo de paz es, cuando menos, desinformada.

Que la justicia transicional esté facultada a estudiarlos y sancionarlos no implica impunidad ni desconocimiento. Hay que esperar.

Rocío Martínez. Cali.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com