Por: Alejandro Reyes Posada

Dos demagogias enfrentadas en el agro

El debate entre los partidarios de la vía campesina y los que defienden la necesidad de los grandes desarrollos empresariales en la agroindustria está atrapado entre dos demagogias que combinan aciertos y falacias, que impiden entender y solucionar el problema.

El Gobierno acierta cuando busca hacer posibles las economías de escala para que la inversión privada desarrolle, a su riesgo y costo, tierras baldías como las de la altillanura, donde hay que formar suelos orgánicos antes de poder cultivar, pero se desliza hacia la deriva demagógica cuando exige a los empresarios asociarse con campesinos y capacitarlos en plantación de monocultivos, muy lejanos de la diversificación y complementariedad típicos de la agricultura familiar, con lo cual el campesino pierde lo que más valora, que es la independencia de trabajar su tierra a su manera y dirigir su proyecto de vida.

Buena parte del proyecto de ley aprobado en la Cámara para crear las ZIDRES se ocupa de regular la “asociación del zorro y las gallinas”, como las llamó Darío Fajardo, estableciendo condiciones de asistencia social en los contratos de asociación y encargando la supervisión a una institucionalidad que ni siquiera ha podido asignar de manera segura y transparente los derechos de propiedad sobre los baldíos. El efecto es que los empresarios ambiciosos podrán descargar costos y riesgos en sus socios campesinos, que además le demandarán bienes públicos al Estado, como en cualquier región de colonización, para que así sea éste quien termine pagando el costo de instalar la mano de obra para las plantaciones agroindustriales.

La demagogia contraria sostiene que esos baldíos hoy improductivos y casi deshabitados, como los de la altillanura, deben ser repartidos a campesinos para cumplir el mandato constitucional de dar acceso a la tierra a quienes carecen de ella, con lo cual, sin darse cuenta, siguen la tradición colombiana de enviar a los campesinos sin tierra a la periferia de la colonización, sin Estado ni infraestructura, en vez de distribuir buenas tierras dentro del mercado y con bienes públicos.

Con el enfoque territorial adoptado en el acuerdo agrario de La Habana y ratificado en la ley del plan de desarrollo y los estudios de la Misión Rural, el problema se aclara y se resuelve. Hay territorios con suelos fértiles desaprovechados en ganadería extensiva y rodeados por campesinos sin tierra, donde es necesario dar acceso a tierras para promover el desarrollo y la equidad social. En ellos hay muchos conflictos de tenencia creados por la apropiación indebida de baldíos por grandes propietarios que robaron los derechos de ocupación de los campesinos, como en Las Pavas y Bellacruz.

Y hay territorios como la altillanura donde es posible tener grandes unidades productivas, pero deben ser desarrolladas por el capital privado, sin subsidios encubiertos bajo la demagogia de afirmar que todo eso se hace para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y volverlos socios de plantaciones agroindustriales. Es mejor no usar eufemismos y defender la imperiosa necesidad que tiene el país de producir, por ejemplo, los dos millones de toneladas de maíz que debe importar para alimentar pollos, cerdos y ganados. Si una parte la puede producir la altillanura con economías empresariales de gran escala, bienvenida sea esa producción.

Pero abrir los baldíos marginales a la gran producción empresarial debe equilibrarse políticamente con una vigorosa política de recuperación de baldíos fértiles ilegalmente apropiados y de titulación a los campesinos que los han abierto y trabajado con su esfuerzo.

 

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