Dos ideas para el gobierno y el Eln

Para llegar al meollo del asunto digamos que en estas negociaciones hay dos puntos clave: para el Gobierno, el principal es la renuncia al secuestro por parte del Eln. Y para el Eln, el fundamental es la participación de la sociedad civil en el proceso y la ampliación de la democracia.

El secuestro, de una manera absurda y carente del menor sentido político, es reivindicado por el Eln como una fuente legítima de financiación de su lucha. Ese es un punto que la sociedad colombiana jamás va a aceptar ni a entender y que el Eln debe tener claro. Pero si el equipo negociador del Gobierno lograra convencer al Eln de que el cese al fuego bilateral que pide se extienda también a un cese de hostilidades, lo que implicaría que el Eln dejara de secuestrar, se destrabaría ese punto tan complicado. Por supuesto que el Eln preguntaría que si deja de secuestrar, ¿cómo se financiaría? Recordemos que alguna vez, durante el gobierno de Uribe, se avanzó un poco en la posibilidad de que un fondo especial financiara al Eln durante el proceso de paz. De modo que si se lograra alguna solución de ese estilo (cese bilateral del fuego y de las hostilidades, a cambio de alguna financiación al Eln por un tiempo determinado, que bien podría provenir de la comunidad internacional) se daría un salto hacia esa paz esquiva, y se le abriría la puerta a la participación efectiva de la sociedad civil.

Ahora, el punto de la participación de la sociedad civil, tan clave para el Eln, y que es tan loable desde el punto de vista filosófico, si no se reglamenta, y si no se aclara bien quiénes representan a la sociedad civil y cómo participan en las conversaciones, puede convertirse en el motivo del fracaso del proceso. Por eso quiero sugerirle al Eln que tenga en cuenta esta magnífica idea que les oí a amigos de la paz negociada: la de que como producto de los acuerdos de paz, se establezca la obligación, en todos los municipios y departamentos, de establecer presupuestos participativos, es decir, que la comunidad, reunida en cabildos abiertos, decida cómo se gastan los presupuestos de inversión, vigile su ejecución e incluso, aporte trabajo y recursos, para que esas obras que desea y necesita se ejecuten con eficiencia.

Así no sólo se lograría la participación permanente de la sociedad civil en el rumbo de los gobiernos locales, pues lo que determina a quién beneficia un gobierno es el uso que hace de sus recursos, sino que además se acabaría la corrupción o, por lo menos, se reduciría a niveles ínfimos.

Piénsenlo, amigos...

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