Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Dos malentendidos

Las Farc declararon hace poco en La Habana que el país necesita una reforma agraria radical. Naturalmente, se trata de una opinión debatible.

Pero, por otra parte, es una que ellas comparten con otras muchas gentes, ubicadas en todos los lugares del espectro político. Si el lector quiere comenzar el conteo por el lado derecho del espectro, entonces podríamos nombrar a Hernán Echavarría aquí, o a los regímenes de Corea del Sur y Taiwán cuando iniciaron su despegue hacia el desarrollo. Perdido entre esta multitud de voces, yo también creo en eso. Pero pienso que las Farc se equivocan de pregunta. Pues el problema para los diálogos de La Habana no es qué necesita el país en general, sino cuáles son los requisitos mínimos para que las guerrillas dejen las armas y entren al espacio democrático. Es que uno de los grandes bloqueos para la realización de cualquier transformación en gran escala y sostenible en el campo es la persistencia de este destructivo conflicto armado. Necesitamos salir del círculo vicioso en el que ciertas estructuras de propiedad alimentan al conflicto, y éste congela y mantiene dichas estructuras. Ha habido en los últimos años cambios en la orientación de las políticas agrarias. Y el proceso de paz puede reforzar esto, lo que permitiría al país tener una “cuota inicial” para el cambio. Esto no cerraría el tema; lo abriría. Pero lo abriría sólo para el debate democrático, en paz. En caso contrario, volvemos a las dinámicas de siempre.

De manera simétrica, oigo a muchas personas que quieren venderle la paz a los colombianos con la simpática noción de que se preservará “el modelo”. Me imagino que la encuentran tranquilizadora. En realidad, tendríamos que sentir pánico ante estos anuncios. En plata blanca, el “modelo” rural a la colombiana ha significado una catástrofe social. ¿Cuál es el balance (ateniéndonos exclusivamente a cifras oficiales)? Miles de campesinos asesinados. La destrucción masiva de sus derechos de propiedad, con millones de hectáreas expropiadas a ellos a sangre y fuego. ¡Y hay quienes defienden esto en nombre de la propiedad! Una criminalización masiva en el campo. La captura del Estado por agentes ilegales. Un enorme peso muerto sobre nuestro aparato productivo, que comienza con costos de transacción (seguridad privada, abogados, notarios) prohibitivos, que tiene que pagar cualquier agente que quiera operar ahí. No hay globalización viable en esas condiciones. Nuestros industriales echan pólvora cuando el país crece al 4%: un paso de tortuga que no se superará mientras existan esas fuentes de atraso. Y la cereza del ponqué: una inequidad brutal, insostenible, y además ilegítima, pues ha sido construida en parte significativa a través de operaciones ilegales y/o violentas. Si el proceso de paz va a querer conservar todo esto, estamos en problemas. Y si se trata de una estrategia de ventas, creo que es la más contraproducente que se le pudiera ocurrir a nadie. Al señor Lafaurie, y a sus compadres y amigos, no los van a apaciguar con estos anuncios; y al resto de los colombianos nos dejan fríos (por susto, como a mí, o simplemente por indiferencia).

No hay procesos de paz sin desencuentros. Y éste ha tenido la virtud de darles prioridad a los temas agrarios. Precisamente son ellos los que muestran a las claras que la paz no es un juego de suma cero. Por supuesto, hay cosas en las que el Gobierno le tiene que decir que no a las Farc (que deberían tomar consciencia de la enorme precariedad de su situación). Pero no todo es como un pulso. Una parte sustancial de la paz es más bien como un sudoku, es decir, como resolver un problema. En este caso: encontrar los métodos para que lo necesario se vuelva posible.

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