Virgilio Barco me enseñó esta frase sabia: “a ese tipo le regalan un roscón y no mira sino el hueco”.
Pues eso es lo que pasa con los medios y los debates del Congreso en Colombia: miran todo, menos el hecho que importa.
En este caso me refiero a la familia más rica del país y al responsable de la política económica: dos escándalos enmarañados que llevan trazas de quedar en nada porque parece que nadie va a ponerles el dedo en la llaga.
Esa llaga, en el caso de la Ruta del Sol II, es si el doctor Sarmiento, presidente de la junta de Corficolombiana, autorizó el pago del soborno multimillonario que su socio Odebrecht pagó al viceministro de Transporte mediante una serie de operaciones ficticias. El doctor Sarmiento niega haberlo autorizado, y por supuesto lo ampara la presunción de inocencia.
Las dudas, sin embargo, son de peso: ¿por qué Odebrecht iba a pagar de su bolsillo el 33 % del soborno que le correspondía a Corficolombiana?, y ¿por qué el gerente de esta empresa arriesgaría su pellejo y giraría las sumas millonarias sin avisarle al principal accionista?
Yo no pretendo tener las respuestas. Mi punto es otro. El caso salió a la luz por cuenta del juicio contra Odebrecht en Nueva York, y no de las autoridades colombianas. Fue revivido por el Financial Times, y entonces el doctor Sarmiento le concedió una entrevista a M. I. Rueda en El Tiempo donde responde a esas y otras preguntas. La Fiscalía había enviado al gerente a la cárcel por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. El fiscal general fue abogado y “asesor de cabecera” de Sarmiento. La noticia de ahora viene de la Superintendencia de Industria y Comercio: el titular saliente ratificó los cargos contra el gerente y añadió otro contra Sarmiento por el presunto delito menor de tráfico de influencias. El presidente Duque escogió a su amigo y tesorero como superintendente. Y los (pocos) medios que se ocupan del caso solo hablan de Sarmiento en relación con el posible tráfico de influencias. Pero de aquello, nada.
En el caso del ministro Carrasquilla, la cuestión es si era uno de los tres dueños de las acciones al portador de la empresa constituida en Panamá que recibió el 3 % de comisión anual sobre los “bonos del agua”. Esto habría sido enriquecerse a escondidas por cuenta de un negocio que él mismo estructuró y del cual por lo tanto no debió sacar tajada. Este cargo figura en una columna de Coronell, pero el ministro lo ha negado al menos por implicación.
Tampoco sé si esa es la verdad. Mi punto es que las cuatro horas de debate en el Congreso y los editoriales se limitaron a las arandelas: si hubo acueductos o se los robaron, si los alcaldes son unos vagabundos, si Carrasquilla montó la jugada con varios años de anticipación (una teoría idiota), o si su asesoría fue tan inepta que no merece el diploma de economista (lo cual es evidente).
Repito que no tengo ninguna prueba, ni mi oficio es buscarlas, y ni siquiera estoy seguro de que el oficio de los periodistas sea encontrarlas. Solo digo que el fiscal, los congresistas y los medios deberían fijarse en el roscón para evitar que el pez grande se nos vaya por el hueco.
*Director de la revista digital Razón Pública.
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