Dosis de solidaridad

Por fin parece estar abriéndose camino un nuevo consenso ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y se vislumbra la posibilidad de regular una actividad que debe tener restricciones con ocasión de su naturaleza y la manera en que llega el producto a las manos de los consumidores. El debate se empieza a sacudir finalmente de todas las mentiras que lo vienen acompañando desde hace lustros, cuando se sostuvo de manera sistemática, por ejemplo, que cualquier opción para controlar la actividad buscaba la penalización por la puerta de atrás y equivaldría a la judicialización y encarcelamiento de adictos y consumidores.

Es también notorio en el ambiente el cambio de actitud ciudadana ante el denominado “derecho al consumo”, y se percibe el cansancio y la reacción de la sociedad frente a quienes pretendieron confundir el libre desarrollo de la personalidad con la promoción de una actividad nociva para la salud, que en no pocas ocasiones fue presentada como liberadora, inocua y bonachona. El abuso en el debate en sus épocas de mayor calentura logró incluso presentar a los no consumidores como retrógrados, morrongos, pacatos y hasta pusilánimes; seres totalitarios imbuidos de creencias religiosas perniciosas cuya misión era imponer una idea de sociedad a la medida de sus preferencias y en contravía de la libertad de todos los demás.

Desde mi perspectiva veo cierto avance en esta controversia. Los que no consumen son más tolerantes con quienes sí lo hacen y reconocen en ellos su derecho o su adicción, y no pocos consumidores se autorregulan en tiempos y lugares en donde su actividad no riñe con el ejercicio del derecho de otras personas a un ambiente sano.

Ahora, nada de lo anterior impide que el Estado actúe frente a una situación particular que afecta principalmente a los sectores populares de la población, en donde bandas criminales, amparándose en las famosas dosis mínima y de aprovisionamiento, están dedicadas a inducir al consumo a niños y jóvenes que asisten a colegios, parques y lugares destinados a la recreación y el deporte. Y ese es el enfoque que, entiendo, el Gobierno quiere darle al decreto que sobre incautación y destrucción de sustancias psicoactivas ha puesto en consulta ciudadana el Ministerio de Justicia. Es simplemente una respuesta a una demanda ciudadana concreta y legítima, que clama para que se cumplan la Constitución y la ley respecto a determinados espacios libres de droga. Esta es una demanda que el más recreativo de los consumidores debería acompañar con una dosis mínima de solidaridad, sin titubeos.

Esperemos, eso sí, que las medidas no se limiten exclusivamente a empoderar a la Policía para perseguir a jíbaros y distribuidores. Ojalá, con esta intención de garantizar la salud de nuestros jóvenes respecto de la droga, el Gobierno se decidiera también a impulsar una política pública integral que incluyera, entre otras cosas, medidas pedagógicas, campañas de prevención de riesgos y promoción de estilos de vida saludable, la reordenación de la prestación de servicios de salud en estos temas y la creación de la infraestructura para contribuir activamente en el libre desarrollo de su personalidad y la expansión de capacidades de los jóvenes.

@NicolasUribe