Periodismo y posconflicto: retos y desafíos para el próximo cuatrienio

hace 1 hora
Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Echar para adelante

Son largas las noticias sobre la Universidad San Martín. Mandos medios, estudiantes, congresistas y sindicalistas hacen denuncias y presentan nuevas evidencias a diario. En general, todo lo relacionado con la regulación financiera y académica de universidades pequeñas y medianas produce ansiedad y culpa entre analistas y altos funcionarios.

Al respecto, se han producido tres tipos de reacción. La primera es la que denuncia que la mala educación ofrecida es producto de la malversación. La segunda es la que se conduele de la gente, engañada por estos centros educativos, expertos en “estafar incautos por medio de profesores sin práctica ni didáctica”. La tercera es una crítica más global al sistema de valores consumistas que “nos ha llevado” a la proliferación de este tipo de universidades que, además de ofrecer un producto precario, van en contravía de la preservación de “la vida tranquila” y patrimonio arquitectónico de barrios como Teusaquillo (en Bogotá).

Todas las reacciones nacen de una preocupación loable y urgente sobre el papel del Estado en la promoción de una educación de calidad. Sin embargo, todas tres (el frenesí anticorrupción, el paternalismo y la que habla desde el guayabo moral) son tanto conservadoras como improductivas. Se agotan en un veredicto: la existencia de ese tipo de universidades es intrínsecamente nociva. Así, se pierde la oportunidad de explorar soluciones creativas a las demandas de estudiantes y profesores perjudicados.

¿Por qué se sembró el país de nuevas opciones de formación profesional heterogéneas y en ocasiones muy novedosas y pertinentes (pedagogía en preescolar musical, terapia física y cuidado de pacientes con alzhéimer)? El proceso no fue coordinado, ni respondió a un plan trazado, sino más bien a unas demandas puntuales de ascenso social a través de una educación no elitista económica o académicamente. Es decir, factible económicamente (buenos precios, planes de pago) y sin barreras de acceso (que no exija altos puntajes en las pruebas Saber o exámenes de admisión). Estas demandas tienen una base sólida en los cálculos y convicciones de las familias. Convicciones sentadas en la certeza de un futuro con cartón y más opciones. Y en el deseo de que los hijos gocen los cuatro o cinco años de socialización y emociones que promete cualquier pregrado.

Es por esto que las dos “soluciones” que se plantean hoy (ambas vacías de creatividad) no producirán grandes mejoras. El Gobierno sólo intervino después de hablar hasta por los codos y durante años sobre los problemas de la Universidad San Martín. Una solución a punta de bulla (que de paso arruina la reputación de los egresados) y hecha caso por caso, institución por institución (pues la ley no da margen de maniobra para mayores medidas generales).

Desde un segundo frente, quizá más cultural, se le pide a la gente que cambie su forma de pensar. Que sea más crítica, que deje de desear ser profesional a toda costa y vaya, mejor, al Sena. Por este camino la discusión desemboca usualmente en reflexiones problemáticas. En una columna reciente se afirma, por ejemplo, que la propagación de estas “mafias de tiza y Power Point” promueve “el desprecio por los oficios tradicionales (…) que, por supuesto, son indispensables para la sociedad. ¿Cómo viviríamos sin jardineros, carpinteros, modistas, zapateros, barberos o albañiles?”.

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