Por: Nicolás Rodríguez

Economía moral de la guerra

"El único factor que los detiene e intimida"… con esos términos se refirió hace unos años "Alfonso Cano", el líder de las Farc, a las minas antipersonales.

La orden era clara: frente a la embestida militar, minen. La negación absoluta, pues, de la antropología, que fue lo que estudió. Por supuesto, en el comunicado omite mencionar que junto con los militares, miles de civiles caen en estas trampas que además de quebrar patas le ponen fin a muchas vidas. Hasta los niños las activan.

De acá que la campaña de sensibilización organizada por la vicepresidencia, bajo el slogan de “remángate”, haya sido tan bien recibida. No era para menos. Hoy por hoy Colombia es el segundo país con el mayor número de minas antipersonales en el mundo. Un total de 9.133 víctimas han sido registradas desde 1990. Salvo por el Amazonas, no hay departamento sin reporte de víctimas (Antioquia, solo, tiene 2.048). Ante tal panorama, la indiferencia es un lujo.

Pero si la idea era reflexionar sobre el conflicto, con la intención de respetar a las víctimas y su dolor, habría que cuestionar algunos implícitos. El presidente Santos, por ejemplo, despachó el tema de la responsabilidad estatal en el minado con un olímpico “eso ya es historia del pasado”. Y sí, desde que se firmaron acuerdos internacionales que lo prohíben, el ejército se abstiene y el Estado las retira (si poner una mina cuesta un dólar, para quitarla se necesitan 1000). Pero eso no quiere decir que las víctimas de las minas que en su momento puso el ejército simplemente desaparezcan. O mejor, que las víctimas aparezcan en 1990, con las cifras de la vicepresidencia.

Lo que hace que las víctimas le sean incómodas al país, lo que obliga a que los políticos las busquen para la foto, las incluyan en sus discursos y hasta impulsen leyes para reconocerlas y repararlas, es justamente que son un tema del presente. En realidad no son ninguna “historia del pasado”. Unas disculpas en nombre del Estado, dirigidas a las posibles víctimas de las minas del ejército (que no todas harán parte de los grupos irregulares), habrían sido una prueba suficiente, necesaria, de que el universo de víctimas por el que el primer mandatario nos pide que nos preocupemos no está sujeto a cálculos políticos.

Y así, lo que podríamos llamar la economía moral de la guerra, que no es otra cosa que la distribución de simpatías y afectos hacia las víctimas, no estaría tan marcada por las obvias preferencias que en ocasiones vemos hacia los unos, y extrañamos en los otros.

El llamado para que la ciudadanía “despierte” no puede, entonces, limitarse a un tipo específico de víctima. Desafortunadamente, tras tantos años de no saber en dónde termina la guerra y en qué momento arranca la violencia (si es que la diferencia entre violencia y guerra todavía cobra sentido), el mundo de las víctimas, tan proclive a la manipulación política, se ha diversificado. Porque también están los secuestrados, claro. Y los desplazados, que en número abundan. O las víctimas del abuso sexual, que también es una estrategia de guerra. En fin, todos aquellos a los que el evento violento no les dejó marcas físicas que podamos ver. Las víctimas, pues, en cuyos cuerpos no se puede leer el trauma. E igual sufren, como la madre del desaparecido, para el que ni siquiera contamos con un cuerpo al que acudir.

Y cuando no hay cuerpo disponible, marcado para siempre, incompleto como en el caso de las víctimas de las minas antipersonales, ¿quién o qué nos dirá la verdad sobre el conflicto?

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