Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Economía y ambiente, no arbolitos y pajaritos

Para que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) contribuya a que el país tome el camino de la sostenibilidad, es necesario enriquecer el análisis de la relación entre ambiente y desarrollo económico y social.

Esto supera el tema de áreas protegidas, arbolitos y pajaritos.

La semana pasada, el Consejo Nacional de Planeación (CNP), en representación de la sociedad civil, presentó ante Simón Gaviria Muñoz, director del DNP, la evaluación del PND 2010-2014. Como ya se dijo a través de una editorial en este diario, la gestión pública ambiental del período 2010-2014 no pasó el examen.

Durante la reunión, Gaviria Muñoz expresó que el nuevo “PND 2014-2018 sentará las bases para la paz duradera y para ello se construirá desde las regiones, con la participación de las autoridades y la sociedad civil, para sentar las bases y lograr una paz sostenible y duradera, que es la mayor aspiración de los colombianos. El Plan contendrá las estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre las zonas rurales y urbanas, así como los posibles acuerdos de los diálogos de La Habana”. El funcionario aseguró que este PND será histórico, dado que incorporará elementos orientados a propiciar la reconciliación nacional, tales como el desarrollo del campo, la articulación de políticas locales, regionales y nacionales, la conservación y preservación del medio ambiente, la consolidación de estrategias para erradicar la pobreza extrema, la reducción del desempleo y el estímulo al crecimiento, entre otras variables.

Para pasar de las palabras a los hechos, siguiendo la recomendación de la OCDE y del CNP, el nuevo PND debe hacer del crecimiento verde su eje medular y asegurar que los diferentes ministerios rindan cuentas de los efectos ambientales de sus políticas y acciones. Esto significa identificar y fortalecer la relación positiva entre gestión ambiental y desarrollo, dado el efecto positivo de los servicios ambientales, y cuantificar y evitar el impacto económico del deterioro ambiental. Hay que definir metas e indicadores.

Para que el desarrollo tome la ruta de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) es necesario asignar un presupuesto mucho mayor para la gestión pública ambiental que el asignado en 2014.

En los países de las OCDE se asigna entre el 1,5 y el 2% del PIB a la gestión pública ambiental y en nuestro caso (incluido el presupuesto de CAR y gobiernos locales) se asigna menos del 0,5% del PIB. Se requiere, además, fortalecer la veeduría ciudadana para un uso efectivo y eficiente de los recursos públicos.

Para evitar conflictos sociales y construir la paz en las regiones es necesario que antes de emitir un título minero y una licencia ambiental se consulte el POT y se discuta con la comunidad la conveniencia o no de adelantar el proyecto. En el post acuerdo, el desarrollo rural integral tendrá que partir del Ordenamiento Ambiental Territorial participativo, de la identificación de proyectos para el desarrollo local sostenible y del fortalecimiento de la institucionalidad pública para negociar con las organizaciones comunitarias tradicionales y las nacientes.

 

 

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