Por: José Roberto Acosta

Economía y autonomía de la autoridad ambiental

Ante el desplome de la renta petrolera y minera, que no sólo compromete las finanzas públicas sino toda la actividad económica, las presiones sobre el medio ambiente se están multiplicando.

Esto queda probado por la inaceptable subordinación de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (ANLA) a la Vicepresidencia.

Ejemplo de estas presiones es el escandaloso cambio del concepto negativo inicial a uno positivo, sin miramientos técnicos, respecto al perjudicial proyecto “Desarrollo hidroeléctrico del río Samaná Norte-Proyecto Porvenir II”, en contravía con los “bonitos” planteamientos sobre “desarrollo sostenible” del Plan de Desarrollo 2014-2018, dizque en línea con las propuestas de su venerada OCDE, pero que ni esta organización aceptaría por un abierto conflicto de interés del Gobierno, pues es inaceptable que en las mismas manos de quien construye la infraestructura, afectando el entorno ambiental, esté también la decisión de si dicha afectación al ecosistema conviene o no.

Ahora resulta que el freno de la locomotora minero-energética son el “radicalismo ambiental”, las consultas previas con las comunidades nativas y las demoras de las licencias ambientales. Qué mentira. Ahí está la reciente alerta de la Contraloría respecto al demorado túnel de La Línea, solicitándole al ministro de Medio Ambiente “una gestión eficiente, económica, equitativa eficaz y ambientalmente sostenible, ajustada a la normatividad que regula este tipo de proyectos de inversión”, pues la caducidad del contrato con el consorcio Unión Temporal Segundo Centenario resultó ser un desastre, no sólo en lo económico sino también en lo ambiental.

Compete también a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales revisar las trapisondas detrás del cambio del concepto sobre el Proyecto Porvenir II, así como las posibles presiones de parte de la Vicepresidencia de la República, que bajo la argucia discrecional de calificar un proyecto como prioritario —son un centenar así calificados—, termina alineando a toda la ANLA para que su importante función de evitar daños irreparables al medio ambiente sea algo meramente de trámite que desemboque irremediablemente en una temida licencia exprés.

Por ello, ante tanto mico que tiene el desordenado Plan de Desarrollo 2014-2018, cabría incluir la autonomía total de la ANLA, para que deje de ser una servil dependencia del Gobierno y una simple mueca de protección ambiental, que en la práctica se anula por el interés electoral de corto plazo de quienes son los mismos responsables de un modelo económico extractivista e insostenible ambientalmente y que ya está cobrando factura onerosa, a nosotros y a las próximas generaciones.

 

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