Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Ecosistema institucional, biocombustibles y baldíos

El reciente incidente político ocurrido con Minagricultura tiene múltiples interpretaciones.

Hay pistas que nos ayudan a responder la adivinanza “blanco es, gallina lo pone, frito y con pan se come”, pero también hay dudas que complican el acertijo.

Cuando en las conversaciones de La Habana el tema agrario ya está acordado, el presidente nombra como ministro de Agricultura a Lizarralde, un representante de la agroindustria y los agrocombustibles, miembro de la junta directiva de Fedepalma y presidente de Indupalma S.A. Esa jugada del presidente sorprende.

Ya ha sido reconocido por el Estado que en Cesar, Bolívar y los Llanos Orientales hay plantaciones de palma que han estado relacionadas con desplazamientos forzados. El reciente Premio Nacional de Paz fue entregado a una comunidad campesina que ha sufrido y vivido el desplazamiento por cultivadores de palma en la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar. En la crisis ministerial pasada se esperaban nombramientos que armonizaran la política del Gobierno con la salida negociada al conflicto armado; pero el presidente nos sorprendió.

Los Llanos Orientales son lugar de expansión de cultivos de palma, epicentro de la apropiación de baldíos y de especulación con el precio de la tierra. Esto explica que Lizarralde busque una salida a los intereses de la agroindustria con la propuesta de ley sobre baldíos. Pero el presidente pide “retirar el proyecto sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios establecidos para el desarrollo del campo”. Así se complica la adivinanza.

En Colombia usamos la caña de azúcar para el etanol y la palma africana para el biodiésel y, como lo señala el documento Estrategias de energía sostenible y biocombustibles para Colombia (Gobierno de Colombia, 2012), hay un marco regulatorio que promueve la producción de agrocombustibles, mal llamados biocombustibles. El marco regulatorio obliga al uso de agrocombustibles con mezcla mínima de 10% de etanol, o alcohol de origen agropecuario, en la gasolina y 5% en el biodiésel. Desde Uribe, los agrocombustibles tienen un precio de sustentación que garantiza rentabilidad a los inversionistas. Política que se consolida en el documento Conpes 3510 de 2008, que les asegura utilidad, así baje el precio de los combustibles fósiles. Esto se complementa con una política tributaria de exención de impuestos. Tales condiciones no han sido modificadas en la era Santos y esto explica cómo las ganancias de los agrocombustibles son financiadas por todos los colombianos.

Entre tanto, en Europa, que es la región de avanzada en términos ambientales, la tendencia es contraria. En septiembre (2013) el Parlamento Europeo redujo a un máximo del 6% la parte de agrocombustibles o biocombustibles de primera generación (producidos con cereales o plantas oleaginosas) en el consumo final de energía en los transportes. El bloque europeo ahora sólo favorece los biocombustibles de segunda generación, aquellos producidos a partir de algas o de desechos (bagazo de caña, por ejemplo) que no compiten con la producción de alimentos.

Para no seguir desplazando la producción de alimentos, y por razones ambientales y sociales, es necesario cambiar la política nacional de agrocombustibles (biocombustibles) y contribuir así a una paz estable y duradera en el campo colombiano.

 

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