Por: Catalina Ruiz-Navarro

Ecuador en crisis

Las protestas masivas en Ecuador son por una situación injusta: a cambio de un préstamo importante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al gobierno ecuatoriano tomar ciertas medidas, entre ellas, acabar con el subsidio a combustibles (gasolina y diésel) que llevaba décadas y que era un gran alivio para las clases populares enfrentadas a una economía dolarizada. Al quitar el subsidio, el precio de la gasolina prácticamente se duplicó, y con la gasolina subió de precio el transporte y con el transporte, la canasta familiar. Esto tuvo un impacto inmediato y devastador en la calidad de vida de los y las ecuatorianas, especialmente en campesinos e indígenas, que se unieron al gremio de transportes y salieron a protestar, paralizando por unos días al país. Anticipando las protestas, el presidente Lenín Moreno trasladó el gobierno a Guayaquil, el centro económico del país, y Quito se ha llenado de comunidades indígenas de todas las regiones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las negociaciones entre los y las protestantes y el gobierno parecen imposibles porque no es un problema fácil: sí, claro que el gobierno necesita la plata, pero el precio lo van a pagar las personas más vulnerables, y además ni siquiera de forma gradual, sino de sopetón. En eso no hay nada justo.

En teoría el financiamiento del FMI servirá para “mejorar la economía”, pero es difícil saber si esa “mejora” se traducirá en mejor calidad de vida y menos desigualdad y discriminación. La pregunta que hacen las comunidades indígenas es: ¿mejor para quién? Además, no tienen razones para confiar en las promesas del gobierno: “Moreno avanzó con los proyectos estratégicos de minería y de petróleo que había comenzado el expresidente Rafael Correa, pero que en diálogo con las organizaciones indígenas se había comprometido a detener. Entonces, las organizaciones indígenas no solamente están movilizándose desde los territorios por las medidas económicas dispuestas por el FMI, sino también contra el extractivismo, las políticas mineras y petroleras que ponen en riesgo los territorios, el agua y la biodiversidad de cada territorio”, explica la periodista feminista ecuatoriana Ana Acosta, del medio Wambra.

Ecuador está en estado de excepción, que permite que las fuerzas militares sean parte de los controles de la protesta, y desde el martes, en estado de sitio, que limita la movilidad de la ciudadanía. Como si las cosas no fueran ya lo suficientemente difíciles, la policía ecuatoriana ha tomado medidas represivas haciendo arrestos masivos (más de 480 personas detenidas) y agrediendo a los manifestantes. Y sí, como suele suceder, algunos grupos, que no son la mayoría y entre quienes muy probablemente hay infiltrados, han hecho daños contra la propiedad privada y pública, situación que la policía ecuatoriana no ha sido capaz de manejar. El resultado es la muerte de Marco Oto, de 26 años, un joven con discapacidad (atrofia muscular), quien murió tras ser perseguido por la policía hasta el puente San Roque, en Quito, en circunstancias que no son claras. Estas son las consecuencias de la estigmatización de la protesta social y de las políticas represivas de las fuerzas públicas latinoamericanas que no ponen en el centro un enfoque de derechos humanos.

Colombia y Ecuador son parte de un mismo ecosistema político y económico, por eso es más que evidente que todo lo que sucede allá y estas protestas son muestra de un proceso de recrudecimiento de la estigmatización de la protesta social que es común a toda la región. El disco rayado de la derecha repite que esta es otra conspiración castrochavista, y todas esas capas de sentido no permiten ver que esta protesta, como muchas en nuestra región, tiene en su centro una lucha política por vidas “que valgan la pena ser vividas”, y no sobrevividas en el silencio y la precariedad.

@Catalinapordios

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2019-10-10T00:00:27-05:00

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2019-10-10T00:15:02-05:00

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