Ecuador sanciona a Colombia por incumplimiento comercial

Esperamos que nuestro diligente ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri, no se deje acorralar por los arroceros que anuncian otro paro para el próximo mes de octubre.

Valdría la pena que los organismos de control investigaran el cartel del arroz conformado por varios intocables del gremio —con seguridad se llevarán grandes sorpresas—, en lo que sea posible, desentrañar la manguala entre los poderosos del gremio arrocero y la cadena productiva.

La dinámica comercial entre Colombia y los países andinos ha sido una constante, especialmente con el Ecuador por ser país fronterizo, pero lamentablemente el manejo poco serio y profesional que se le está dando, especialmente para el caso del arroz, es bien atípico, puesto que no es en el presente gobierno, tal despelote viene de muchos años atrás.

El proceso sancionatorio de Ecuador vs. Colombia veía venirse, el Gobierno colombiano, por estar atendiendo las pataletas del señor Rafael Hernández, presidente de Fedearroz y sus incondicionales, ha hecho caso omiso a las sanciones impuestas por el Tribunal Andino de Justicia, TAJ, que desde años anteriores lo conminó a levantar las cláusulas de salvaguardia que ha venido aplicando, inventándose la existencia de plagas del país de origen sin ningún fundamento, para impedir a toda costa la importación de arroz procedente de los países andinos hacia Colombia.

Pareciera que el Gobierno no se ha dado cuenta de que el arroz, producto indispensable para la canasta familiar en la dieta de los colombianos, vive en el pellejo del señor Rafael Hernández y un grupo de mandanmases, quienes son los que ponen las condiciones y requisitos para la importación del cereal hacia Colombia, esa es una forma de estimular el contrabando y la corrupción, con clara violación de la Constitución política, sobre la igualdad de libre comercio para todos los ciudadanos como personas naturales o jurídicas. 

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador expidió la Resolución No. 021/2017, donde se ordena en forma de flagrante gravar con el 20% buena parte de los productos originarios de Colombia.

Podrá imaginarse el Gobierno el impacto negativo industrial y comercial que dicha medida empieza a causar al interior de nuestro país, puesto que son miles y miles los exportadores colombianos hacia el Ecuador de diferentes productos, hasta hace unos días venían ingresándolos procedentes de Colombia con cero arancel, en adelante serán sujetos de gravamen arancelario con el 20%.    

¿Cuánta pérdida de empleos directos e indirectos va a generar esta medida? Valdría la pena que el Gobierno, con su diligente Ministro de Agricultura a la cabeza, revisara esta medida y procediera de conformidad con las normas claramente estipuladas por la Comunidad Andina de Comercio.

Ecuador y Colombia, junto con Perú y Bolivia, forman lo que es hoy la Comunidad Andina de Naciones, CAN, institución subregional que tuvo su edad de oro cuando Venezuela era país democrático, boyante y productivo.

Lamentablemente con el retiro de Venezuela promovido unilateralmente por el expresidente Hugo Chávez, la organización subregional quedó herida de muerte, puesto que fueron muchas las empresas que se cerraron dentro de la subregión debido a tan atípica y absurda medida.

Al día de hoy los cuatro países que integran la subregión andina lo están haciendo con algunas dificultades, puesto que muchas veces las cláusulas de salvaguardia implementadas desde los inicios de su fundación en el año de 1968 se encuentran obsoloetas, no se han modernizado de conformidad con los tratados de libre comercio, suscritos con los demás países del hemisferio.

Sin embargo, estas medidas de salvaguardia, aunque obsoletas, son ley para las partes,  los países socios están en la obligación de acatarlas, cumplirlas y respetarlas, puesto que de lo contrario la renuencia produce efectos jurídicos ante el Tribunal Andino de Justicia, TAJ, como lo estamos viendo con el comercio del arroz, entre Colombia y sus países socios.

Pero lo más grave es que no es únicamente Ecuador el país damnificado por Colombia con las cláusulas de salvaguardia impuestas a la ligera, dentro de muy pronto viene el bloqueo comercial de Perú, puesto que son varios los incumplimientos que se surten ante el Tribunal Andino de Justicia, TAJ, sobre el mismo producto.

Total que le queda al Gobierno analizar si continúa sacrificando a miles y miles de industriales y comerciantes, que ya no podrán exportar sus productos a Ecuador y Perú, o enderezar la balanza comercial con los países andinos y meter en cintura al señor Rafael Hernández y sus aliados, para que dejen de estar especulando con un producto tan fundamental en la dieta de los colombianos.

El señor superintendente de Industria y Comercio, que está dando muestras de eficiencia y pulcritud en defensa del público consumidor, tiene la palabra.   

urielos@telmex.net.co