Acuerdos cerrados

Con ocasión de los homenajes nacionales por el holocausto del Palacio de Justicia, que la semana pasada cumplió 30 años en la más frustrante impunidad, el fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, anunció que la Fiscalía estudiará los indultos que en su momento se les otorgaron a los miembros del M-19. El tema, que parece atender el deseo de un amplio porcentaje de la población que ve con malos ojos el enjuiciamiento solitario de las Fuerzas Armadas por los hechos del Palacio, ha sido asumido con tal importancia por el ente acusador que lo liderará el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo. Sin embargo, los méritos jurídicos y de conveniencia nacional de esta decisión están en duda.

La posición del fiscal es popular, mas no del todo razonable. Su argumento se motiva en dos aspectos: la calificación de lo ocurrido en el Palacio como un crimen de lesa humanidad y la supuesta falta de cumplimiento del requisito de verdad en este caso. Es decir, bajo el derecho internacional y nacional actual, los indultos en los términos que se otorgaron al M-19 serían inaceptables. Por eso, parece proponer el ente de control, se justificaría entrar a mirar si los dirigentes del grupo guerrillero, hoy plenamente incorporados a la vida civil, tienen deudas con la justicia y con el país. Por supuesto, ciertos sectores aplaudieron con vehemencia esta medida —curioso, de hecho, que procurador y fiscal se encuentren en la misma orilla en este tema—.

Sin embargo, las voces en contra no se hicieron esperar y sus argumentos, consideramos, son de mayor peso en este debate. Algunos exmilitantes del M-19 salieron a condenar al fiscal, acusándolo de armar un “show mediático” y demostrando que ellos han cumplido a cabalidad lo pactado con el Estado. No les falta la razón. Nos explicamos.

Si bien es cierto que un indulto como el ofrecido al M-19 no podría plantearse hoy, digamos, en las negociaciones con las Farc, en aquel entonces la realidad jurídica nacional e internacional era diferente. El Estatuto de Roma estaba aún lejos de ser creado y, aún más, de empezar a tener efectos en Colombia. No puede olvidarse, tampoco, que el proceso de paz con el M-19 desembocó en la Asamblea Constituyente que, con el liderazgo clave de Antonio Navarro y otros, promulgó la Constitución que nos rige desde entonces. Todos los actores sobrevivientes de esa guerrilla se incorporaron a la sociedad y decidieron cumplir las reglas de juego, tanto es así que varios de ellos ocupan puestos políticos respetados en el país. En síntesis: los ex M-19 cumplieron a lo que se comprometieron y demostraron que sí es posible hacer procesos de reintegración exitosos en Colombia.

Y ni hablar del momento que ha escogido el señor fiscal para congraciarse con la opinión pública. Revivir ahora un indulto que se ofreció por Ley de la República, se entregó por acto administrativo y que ya se consideraba cosa juzgada, es minar la confianza que el Estado necesita generar para asegurar que los procesos de paz en curso lleguen a buen puerto. Lo dijo mejor Arjaid Artunduaga: “¿Quién va a negociar con un Estado que no es serio?”.

Funesto resulta dejar en el aire la idea de que lo que se acuerde en La Habana puede, en un tiempo, ser revaluado, por los vaivenes de la opinión o por cambios en la jurisprudencia. Los acuerdos, por más falencias que puedan tener, son, en esencia, votos de confianza entre quienes los firman. Si el Estado los viola, ¿quién va a querer desmovilizarse?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Con ocasión de los homenajes nacionales por el holocausto del Palacio de Justicia, que la semana pasada cumplió 30 años en la más frustrante impunidad, el fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, anunció que la Fiscalía estudiará los indultos que en su momento se les otorgaron a los miembros del M-19. El tema, que parece atender el deseo de un amplio porcentaje de la población que ve con malos ojos el enjuiciamiento solitario de las Fuerzas Armadas por los hechos del Palacio, ha sido asumido con tal importancia por el ente acusador que lo liderará el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo. Sin embargo, los méritos jurídicos y de conveniencia nacional de esta decisión están en duda.

La posición del fiscal es popular, mas no del todo razonable. Su argumento se motiva en dos aspectos: la calificación de lo ocurrido en el Palacio como un crimen de lesa humanidad y la supuesta falta de cumplimiento del requisito de verdad en este caso. Es decir, bajo el derecho internacional y nacional actual, los indultos en los términos que se otorgaron al M-19 serían inaceptables. Por eso, parece proponer el ente de control, se justificaría entrar a mirar si los dirigentes del grupo guerrillero, hoy plenamente incorporados a la vida civil, tienen deudas con la justicia y con el país. Por supuesto, ciertos sectores aplaudieron con vehemencia esta medida —curioso, de hecho, que procurador y fiscal se encuentren en la misma orilla en este tema—.

Sin embargo, las voces en contra no se hicieron esperar y sus argumentos, consideramos, son de mayor peso en este debate. Algunos exmilitantes del M-19 salieron a condenar al fiscal, acusándolo de armar un “show mediático” y demostrando que ellos han cumplido a cabalidad lo pactado con el Estado. No les falta la razón. Nos explicamos.

Si bien es cierto que un indulto como el ofrecido al M-19 no podría plantearse hoy, digamos, en las negociaciones con las Farc, en aquel entonces la realidad jurídica nacional e internacional era diferente. El Estatuto de Roma estaba aún lejos de ser creado y, aún más, de empezar a tener efectos en Colombia. No puede olvidarse, tampoco, que el proceso de paz con el M-19 desembocó en la Asamblea Constituyente que, con el liderazgo clave de Antonio Navarro y otros, promulgó la Constitución que nos rige desde entonces. Todos los actores sobrevivientes de esa guerrilla se incorporaron a la sociedad y decidieron cumplir las reglas de juego, tanto es así que varios de ellos ocupan puestos políticos respetados en el país. En síntesis: los ex M-19 cumplieron a lo que se comprometieron y demostraron que sí es posible hacer procesos de reintegración exitosos en Colombia.

Y ni hablar del momento que ha escogido el señor fiscal para congraciarse con la opinión pública. Revivir ahora un indulto que se ofreció por Ley de la República, se entregó por acto administrativo y que ya se consideraba cosa juzgada, es minar la confianza que el Estado necesita generar para asegurar que los procesos de paz en curso lleguen a buen puerto. Lo dijo mejor Arjaid Artunduaga: “¿Quién va a negociar con un Estado que no es serio?”.

Funesto resulta dejar en el aire la idea de que lo que se acuerde en La Habana puede, en un tiempo, ser revaluado, por los vaivenes de la opinión o por cambios en la jurisprudencia. Los acuerdos, por más falencias que puedan tener, son, en esencia, votos de confianza entre quienes los firman. Si el Estado los viola, ¿quién va a querer desmovilizarse?

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