Aires de paz

Se celebra hoy en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. Así lo fijó la ONU en una resolución aprobada en el año 2001, concretando así lo dispuesto en una comunicación previa del año 1981.

Para la organización este día es muy especial, debido a que se hace un llamado a todos los pueblos del mundo para que realicen actividades educativas, de sensibilización de la opinión pública y de cese al fuego en los países que viven el flagelo de la guerra. El tema es fundamental para la ONU: el Preámbulo de la Carta —que refleja su espíritu integral— es una manera de invocar la paz en los pueblos del mundo. Necesaria es, también, para un pleno ejercicio de la vida democrática.

Poner de relieve el tema de la paz es el propósito que la ONU encomienda a todos los países. En Colombia la fecha parece caer como anillo al dedo para los anhelos de paz y diálogo que por estos días están promoviendo Juan Manuel Santos y su Unidad Nacional. Desde el inicio de su mandato, el presidente había manifestado —pese a hacerse elegir montado en la ola del discurso de guerra contra el terrorismo de su predecesor— que la llave del diálogo para llegar a la paz no iba a ser desechada. Dijo que él la guardaba en su bolsillo y que la sacaría cuando la guerrilla diera muestras honestas de buena voluntad.

La Comisión de Paz del Congreso, ante la ausencia material de un marco jurídico que constituyera dicha llave, decidió crearla a través de una reforma constitucional que permitiera establecer mecanismos de justicia transicional. De esta forma, la radicó hace una semana en la misma corporación. Ocho días después, en una reunión en la mesa de su Unidad Nacional, Santos se pronunció a favor de dicha reforma y le dio “luz verde”. Es decir, si el proyecto cumple el tránsito legislativo completo, tendríamos en Colombia una normatividad de rango constitucional que permitiera establecer diálogos y procesos de paz con grupos al margen de la ley.

La reforma consta de dos partes principales. La primera establece el retorno a la vida civil de los violentos, siempre que cumplan con una pena alternativa y garanticen los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación. La segunda, que ya ha generado mucho revuelo en el Congreso, es que, por decisión exclusiva del Gobierno, algunos miembros de estos grupos puedan volver a la vida civil y además participar en política por la lucha pacífica de sus ideas. Un artículo controvertido, teniendo en cuenta que la mayoría de los colombianos piensa que los grupos ilegales perdieron sus ideologías de lucha hace ya bastante.

Pese a que Santos dice que contra la guerrilla continúa una lucha militar frontal y de línea dura, parece mandar un mensaje muy claro: la puerta para salir del conflicto por una vía pacífica no está cerrada del todo. Habrá mecanismos jurídicos para usar si ambas partes se ponen de acuerdo en ello.

Este puede ser el inicio de un momento histórico para el país, si ambas partes saben jugar sus cartas bien. Tanto el Gobierno, para no repetir errores del pasado en diálogos frustrados, engaños de los delincuentes o desmovilizaciones falsas; pero también los mismos grupos armados, que llevan echando bala en el monte por treinta años sin lograr ninguno de sus fines y corrompiendo sus métodos con cada década que pasa. El mecanismo que resulte (es decir, la ley concreta en la eventualidad de un diálogo) deberá tener un nivel técnico avanzado en el tema de justicia transicional. Este tema, más en un día como hoy, no puede dejar de debatirse. El diálogo es la mejor salida.

 

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