Alarma ambiental

En apenas un año, la percepción de los habitantes de la Amazonia colombiana, en cuanto al deterioro de su territorio, pasó de 75% a 94%. Así, al menos, lo reveló la reciente Encuesta de Percepción de Ipsos-Napoleón Franco y Amazonas 2030, la cual evalúa la manera en que los habitantes de ese territorio perciben la calidad de vida en su entorno. Varios son los puntos en los que se sienten considerablemente afectados: la tala de sus bosques (85%), el aumento de la contaminación (62%) y del número de especies en vía de extinción (37%), la sobrepoblación (21%), la variación del clima (19%)...

Simple percepción, podrían decir algunos. Sin embargo, no es mentira lo que dice el Índice Amazonas 2030: cada año se destruyen 87.374 hectáreas de cobertura boscosa en la Amazonia. Dicho en cristiano, casi la mitad de la tala que se hace en todo este país. ¿Por qué, exactamente, es que se trata así a la región que nosotros, ahí sí con orgullo, denominamos como el pulmón del mundo? No puede ser que se nos vayan las luces a la hora de tratar este tema, que de vez en cuando vuelve a aparecer en los medios. Escuchamos la noticia, sí, y nos indignamos, también, pero solamente para ver que, al cabo de un tiempo, las cosas no han mejorado. E incluso empeoran, como lo atestiguan las personas que responden esta encuesta.

Tomemos uno por caso. Dice Roberto Ordóñez, líder huitoto del municipio de Solano, que para ver los mismos árboles que podía apreciar en su infancia, debe recorrer dos días el río Caquetá. Allá, en esa zona donde aún no han llegado los caucheros o los ganaderos o los cocaleros o los mineros. Resulta obvio en este panorama que mucho de lo que pasa aquí tiene que ver con la minería ilegal en la zona. Así como de los controles que, en varias ocasiones, se ha denunciado que le hacen faltan a la minería legal.

A voz del experto Rodrigo Botero, a la minería ilegal no puede medírsele el impacto: no es ubicable, no es medible, no es algo de lo que se tenga absoluta certeza, porque no ha sido cuantificada. Y bajo esta premisa inexistente es imposible para cualquier gobierno generar una política pública exitosa y medianamente seria. Falta Estado, mejor dicho. No sólo uno que deje avanzar su locomotora minera a todo vapor y sin rieles —dejando a la deriva, también, la ilegal—, sino uno que responda a un punto fundamental (aunque nada revelador) de dicha encuesta: la desprotección. La sensación de aislamiento.

El pensar que las políticas planeadas desde el centro no son capaces de agotar los problemas que se viven día a día en la llamada “periferia”. El 54% de los encuestados se preocupa por asuntos de infraestructura: vías, puentes, cosas que suenan sencillas de hacer por parte de un gobierno. O, mejor, por parte de los gobiernos sucesivos que han sumido a esta población en el abandono.

El 22% cree que las ganancias de lo que sacan los que explotan sus tierras deberían servir para el transporte. El resto se preocupa por la pobreza y el desempleo. Ante este insumo tan importante de la percepción ciudadana: ¿dónde está el Estado respondiendo? ¿Dónde están las políticas que puedan solventar esta crisis? No queremos los medios de comunicación continuar en este círculo de emitir cada cierto tiempo informes sobre los estudios que se hacen y que siguen mostrando una misma realidad, solamente que aumentada. El Gobierno tiene la palabra.

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