En la cumbre ambiental Río+20 el presidente Juan Manuel Santos anunció, a través de la resolución 0045 de 2012, que 17 millones de hectáreas de la Amazonia, Chocó y la Orinoquia se convertirían en “áreas estratégicas mineras”.
Es decir, en zonas donde, sin un estudio previo del Ministerio de Medio Ambiente, se podría hacer minería legal cumpliendo una serie de requisitos. ¿Por qué? Razonablemente podría pensarse que para escoger a las mejores empresas mineras y para hacer presión contra la minería ilegal, generando mucha más presencia visible de la legalidad y del Estado.
El problema, sin embargo, era uno de competencia: el futuro de un territorio como la Amazonia no se decide con base exclusiva en criterios técnico-mineros. El aspecto ambiental es sumamente importante teniendo en cuenta que se trata de un lugar con una de las mayores formas de biodiversidad en el mundo.
Días después, el Ministerio de Ambiente expidió un acto administrativo que frenaba todas las actividades mineras en tanto no se hiciera un estudio serio y consistente, zonal, de ordenamiento ambiental de la región, para determinar finalmente dónde se puede hacer minería y dónde no. Enhorabuena se articulan los dos instrumentos. Según dijo el Gobierno, en septiembre del año pasado, habría dos años para hacer estos estudios. Tenemos entendido que son cinco, de acuerdo al régimen legal. Estamos, pues, señores del Gobierno, contando desde ya el tiempo para que estos estudios se hagan de forma eficaz. Ese es tal vez el reto ambiental del año que tienen en sus manos.
Porque cuando se habla de minería, y más cuando hay una locomotora santista que recibe ese nombre, las cosas hay que manejarlas con tacto. Se trata de una fuente importante de recursos, es cierto, que genera prácticas convenientes para la economía, también, pero que, al mismo tiempo, podría ser devastadora para el territorio colombiano. El mismo acto administrativo lo prevé, poniendo como base el llamado “principio de precaución”, que es la prohibición para el Estado de preparar algún proyecto que puede generar consecuencias ambientales adversas.
Nunca nos hemos opuesto desde este espacio a la minería. Pero, como buena locomotora que es, hay que ponerla a andar sobre unos rieles. Y no parece tenerlos. Que por hacer más no terminemos haciendo menos. Es por eso que en el caso de la Amazonia, aparte de generar un estudio técnico-ambiental serio, hay que llenar los otros espacios que el territorio supone: la consulta previa, por ejemplo, ya que el 34% del suelo pertenece a las comunidades indígenas. Por tanto, el proceso debe tener entendimiento. Y para ello se necesita paciencia, tal y como le dijo a este diario el día de ayer Wendy Arenas, cofundadora y directora de Alisos y líder del proyecto Amazonas 2030.
La zonificación debe hacerse, entonces, con áreas claramente definidas, teniendo en cuenta las visiones de sus habitantes, sin pensar que por este tiempo invertido vamos a perder una parte importante de la economía. Podríamos perder mucho más. A lo inentendible de ese territorio hay que llenarlo de significado. La hora de la Amazonia es esta. El Gobierno tiene la palabra al momento de poner un valor, como el ambiental, sobre el económico.
Porque ¿de qué nos servirán tantos recursos en el futuro si perdemos la mitad —como algunos prevén— de la que es una de las joyas más grandes del planeta?