Amenazas, amenazas y más amenazas

Las autoridades deben tomar en serio estas denuncias y garantizar la libertad de prensa y la búsqueda de la justicia. / Foto: EFE

Fue una semana de amenazas. Se dio a conocer que varios colegas de Noticias Caracol y Blu Radio han sufrido seguimientos e incluso se vieron forzados a dejar Colombia. El senador Roy Barreras, que publicó unas graves denuncias que desencadenaron la renuncia del exministro de Defensa Guillermo Botero, contó que ha recibido hostilidades creíbles contra su familia y lo denunció ante la Fiscalía. Por su parte, el abogado de Dimar Torres, Diego Martínez, recibió un panfleto firmado por las Águilas Negras, con el que buscan obstaculizar su labor. Todos estos casos tienen que ver con la delicada situación de orden público que hay en algunas zonas del país, así como las tensiones que se sienten en el ambiente nacional.

Como lo hizo saber la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Eduardo Manzano y Alexánder Cárdenas, periodistas de Caracol Televisión en Cali, tuvieron que exiliarse por amenazas en su contra. El reportero de Caracol Televisión Arlex Piedrahíta también recibió amenazas. En entrevista reciente con La FM, Manzano contó que volvió hace poco a Colombia, pero que los hostigamientos continuaron: “Me intentan atravesar una moto, me intimidan, veo algo que creo que eran armas de fuego. Mi reacción fue acelerar lo que más pude y tratar de huir. Salí de allí y llegué a un CAI”. También contó que a Piedrahíta le llegó recientemente un nuevo mensaje diciéndole que tiene que dejar su trabajo, y que al periodista de Blu Radio Fransuá Martínez “le dejaron un arma de fuego en el sitio donde él permanecía”.

Estos hechos son inaceptables y, además, es frustrante que las autoridades no puedan garantizar la protección de la libertad de prensa. Como dijo la Flip, “las intimidaciones contra los reporteros han sido producto del cubrimiento de la problemática de cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias que han hecho sobre la presencia de los carteles mexicanos, aliados con las disidencias de las Farc en ese departamento”. Se trata de un tema urgente y, en la práctica, estamos viendo que no pueden desempeñar su oficio por la falta de garantías. ¿No hay manera de que las autoridades eviten las presiones indebidas?

La táctica de panfletos amenazantes no solo proviene de las disidencias de las Farc. Diego Martínez es un abogado que viene siguiendo el caso de Dimar Torres, el desmovilizado que al parecer fue asesinado por miembros del Ejército Nacional. Hace una semana Martínez recibió un mensaje donde le ordenan renunciar “a su puta guerra jurídica o los acabamos” (sic). Por la gravedad de los hechos que están en proceso de ser juzgados, y que involucran a representantes del Estado, las autoridades deben tomar en serio estas amenazas y garantizar que nada les ocurra al abogado ni a la familia de Torres. Las presiones no pueden obstaculizar la búsqueda de la justicia.

Finalmente, está lo ocurrido con el senador Barreras. Después de su intervención en el Congreso denunciando que en un bombardeo del Ejército en Caquetá murieron menores de edad, el parlamentario denunció una “lluvia de amenazas personales y familiares”. También dijo que tiene sospechas de “chuzadas” y seguimientos en su contra.

Cada uno de estos casos amerita pronunciamientos del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía. No puede ser que en Colombia quienes encienden las alarmas sufran persecuciones y las autoridades sean incapaces de detenerlas.

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