Amenazas a la democracia colombiana

Las alarmas están encendidas en todo el país: uno de cada tres municipios de Colombia está en riesgo de presenciar violencia electoral, según la Defensoría del Pueblo. La reciente masacre de Karina García y sus acompañantes en el Cauca es un amargo recordatorio de todas las influencias perversas que rondan los importantes procesos democráticos que se adelantan en el país. Unas elecciones marcadas por la coacción, la presencia de actores armados ilegales y las presiones indebidas serían un lamentable retroceso para un país que, por fin, estaba empezando a normalizar los debates políticos pacíficos. ¿Cómo podemos evitar un desastre?

El miércoles, la Defensoría reportó que hay advertencias para 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas. De ellos, 78 municipios tienen un nivel de riesgo extremo, pues tienen una miscelánea de factores adversos: presencia de grupos ilegales, ausencia de la Fuerza Pública, economías ilegales y lejanía del Estado. Las regiones con mayor peligro, según la entidad, son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca. Se trata del mapa ya conocido de la Colombia donde el control estatal todavía no ha podido garantizar el monopolio de la fuerza, el triunfo de la legalidad y, por ende, la ocurrencia de elecciones libres.

El problema es que este tipo de elecciones, cuando son secuestradas por las fuerzas ilegales, terminan infiltrando el Estado gracias a la elección de fichas suyas en cargos muy importantes. El daño, entonces, es doble: además de que las arcas del Estado son asaltadas por personas de integridad cuestionada, los colombianos dejan de creer en los procesos democráticos. Paradójicamente, esto crea un círculo vicioso, pues la baja participación política de la ciudadanía termina propiciando más manipulaciones al sistema electoral por parte de estas fuerzas indeseables.

No podemos olvidar que el país viene de tener una serie de elecciones pacíficas. Ahora que las Farc desaparecieron, el Gobierno no puede desaprovechar la oportunidad histórica de llegar a todos los rincones del país. La administración pasada, de Juan Manuel Santos, dejó una deuda importante y preocupante en este sentido; ojalá el presidente Iván Duque no permita que la brecha en la presencia estatal territorial se siga ampliando.

Según explicó la Defensoría, los riesgos provienen de siete grupos armados (entre los que están el Eln, el Epl, las Autodefensas Gaitanistas, las disidencias de las Farc, Auc y varios carteles del narcotráfico) que están en complicidad con ciertas fuerzas políticas. La respuesta, entonces, no depende únicamente de la Fuerza Pública colombiana. ¿Dónde está la responsabilidad de los partidos políticos que avalan candidatos cuestionados y con tácticas deplorables?

Dijo Carlos Negret, defensor del Pueblo, que prendieron estas alertas como herramienta de prevención “para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes”. Eso es lo ideal y a lo que debe aspirarse. Sin embargo, la muerte reciente de García, pese a la existencia de una alerta temprana y aunque ella misma había pedido protección, no es un buen augurio para lo que está por venir. La democracia colombiana está en riesgo: ¿cómo vamos a responder?

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Las alarmas están encendidas en todo el país: uno de cada tres municipios de Colombia está en riesgo de presenciar violencia electoral, según la Defensoría del Pueblo. La reciente masacre de Karina García y sus acompañantes en el Cauca es un amargo recordatorio de todas las influencias perversas que rondan los importantes procesos democráticos que se adelantan en el país. Unas elecciones marcadas por la coacción, la presencia de actores armados ilegales y las presiones indebidas serían un lamentable retroceso para un país que, por fin, estaba empezando a normalizar los debates políticos pacíficos. ¿Cómo podemos evitar un desastre?

El miércoles, la Defensoría reportó que hay advertencias para 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas. De ellos, 78 municipios tienen un nivel de riesgo extremo, pues tienen una miscelánea de factores adversos: presencia de grupos ilegales, ausencia de la Fuerza Pública, economías ilegales y lejanía del Estado. Las regiones con mayor peligro, según la entidad, son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca. Se trata del mapa ya conocido de la Colombia donde el control estatal todavía no ha podido garantizar el monopolio de la fuerza, el triunfo de la legalidad y, por ende, la ocurrencia de elecciones libres.

El problema es que este tipo de elecciones, cuando son secuestradas por las fuerzas ilegales, terminan infiltrando el Estado gracias a la elección de fichas suyas en cargos muy importantes. El daño, entonces, es doble: además de que las arcas del Estado son asaltadas por personas de integridad cuestionada, los colombianos dejan de creer en los procesos democráticos. Paradójicamente, esto crea un círculo vicioso, pues la baja participación política de la ciudadanía termina propiciando más manipulaciones al sistema electoral por parte de estas fuerzas indeseables.

No podemos olvidar que el país viene de tener una serie de elecciones pacíficas. Ahora que las Farc desaparecieron, el Gobierno no puede desaprovechar la oportunidad histórica de llegar a todos los rincones del país. La administración pasada, de Juan Manuel Santos, dejó una deuda importante y preocupante en este sentido; ojalá el presidente Iván Duque no permita que la brecha en la presencia estatal territorial se siga ampliando.

Según explicó la Defensoría, los riesgos provienen de siete grupos armados (entre los que están el Eln, el Epl, las Autodefensas Gaitanistas, las disidencias de las Farc, Auc y varios carteles del narcotráfico) que están en complicidad con ciertas fuerzas políticas. La respuesta, entonces, no depende únicamente de la Fuerza Pública colombiana. ¿Dónde está la responsabilidad de los partidos políticos que avalan candidatos cuestionados y con tácticas deplorables?

Dijo Carlos Negret, defensor del Pueblo, que prendieron estas alertas como herramienta de prevención “para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes”. Eso es lo ideal y a lo que debe aspirarse. Sin embargo, la muerte reciente de García, pese a la existencia de una alerta temprana y aunque ella misma había pedido protección, no es un buen augurio para lo que está por venir. La democracia colombiana está en riesgo: ¿cómo vamos a responder?

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