Nueva terna para fiscal

LA TERNA ESCOGIDA POR EL PRESIdente Uribe para reemplazar al Fiscal General de la Nación fue dada a conocer con varios días de anticipación.

Algunos observadores de la realidad nacional estiman que la terna podría desatar un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia.

Mucho se ha escrito acerca del perfil que debe tener quien reemplace al abogado Mario Iguarán. Se ha mencionado que el nuevo fiscal debe ser un penalista, toda vez que el país atraviesa un momento complicado en el que el crimen organizado campea, la impunidad es muy alta y la justicia permanece desbordada. Se ha dicho también que el nuevo fiscal debe ser independiente del Gobierno o por lo menos se ha sugerido que no debería ser un ex funcionario del Ejecutivo.

Sobra decirlo, los retos del nuevo fiscal son inmensos. Muchas de las tareas inconclusas (o no iniciadas) por el fiscal Iguarán no dan mayor espera. Los procesos que cursan por parapolítica, yidispolítica, “falsos positivos” e interceptaciones ilegales del DAS, para mencionar algunos de los ejemplos más notorios, son prueba de que la tarea que hereda el nuevo fiscal no estará exenta de nuevas y acaloradas polémicas.

Con todo, los tres candidatos puestos a consideración de la Corte Suprema, Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina, ya han suscitado algunas suspicacias. Se ha criticado, fundamentalmente, su cercanía con el Gobierno  y el hecho de que en estricto sentido no son abogados penalistas. Virginia Uribe, egresada de la Universidad de Antioquia con posgrado en derecho administrativo, ejerció como abogada personal del presidente Uribe cuando éste era gobernador de Antioquia; Juan Ángel Palacio, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana con posgrados en derecho público y administrativo, fue magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia y miembro del Consejo de Estado; Camilo Ospina, especialista en derecho administrativo con estudios de derecho económico, tributario y hacienda pública, fue ministro de Defensa bajo el primer gobierno de Uribe y se desempeñó como embajador de Colombia ante la OEA.

Los nombres de las personas que integran la terna ya son oficiales y darán mucho de qué hablar en los próximos días. No es poco lo que está en juego. En las discusiones previas a la expedición de la Constitución del 91 se debatió ampliamente la figura de la Fiscalía. Muchos la consideraron excesivamente poderosa. Temían sus opositores, algunos dirán que con clarividencia, que se convirtiera en un apéndice del Ejecutivo o en una rueda suelta. Por tal razón se decidió que la Fiscalía debería pertenecer a la Rama Judicial del poder público, y que su elección dependería en última instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora que se conocen los candidatos, la ciudadanía cuenta con la posibilidad, por primera vez desde que se elige fiscal, de presenciar una audiencia pública televisada en la que los nominados expondrán su política contra el crimen y las razones por las que merecen ser designados en tan alto cargo. No creemos que la cercanía al Ejecutivo o la deficiencia en materia penal sean razones de sobra para descalificar a ningún candidato. Pero las dudas abundan; más cuando algunos pleitos que involucran de cerca al Ejecutivo y algunos de sus funcionarios están por resolverse. Más allá de las recriminaciones, hay tiempo para un debate respetuoso, ponderado y, ojalá, ajeno a la polarización política o ideológica. Los nominados tienen la palabra y la Corte, la última decisión. La ciudadanía y los medios estaremos pendientes.