Fiscal delegada: ¿ineficiente o inconveniente?

PARA EL FISCAL GENERAL (E), GUIllermo Mendoza Diago, el despacho de Ángela María Buitrago, fiscal delegada ante la Corte Suprema, precisaba de un mejor talento.

Según Mendoza, es tan inusual como inadmisible que 54 de las 137 investigaciones que tenía a su cargo no se hubieran siquiera iniciado. Retraso particularmente reprochable, se insinúa, porque respondía no a descomunales cargas trabajo, sino a una aparente voluntad mediática de la funcionaria. Si ella sólo ponía sus manos sobre los procesos más controversiales, inevitablemente los menos delicados se aplazarían. Así las cosas, aunque hubiese que "reconocerle su espíritu competitivo", el Fiscal (e), por el bien de la entidad, le pidió y aceptó su renuncia.

No obstante, y a pesar de las declaraciones de Mendoza, la trayectoria de Buitrago impide dudar de su diligencia. Es difícil creer que una mujer que comenzó su carrera trabajando en los juzgados ambulantes, haciendo necropsias y levantamientos de cadáveres, que luego pasó a litigar en derecho penal y a enseñarlo en la Universidad Externado y que hace cinco años llegó a la Fiscalía General con la tarea poco insignificante de implementar el sistema penal acusatorio, sea una servidora ineficiente. Juicio que se confirma con el hecho de que su despacho armó y asumió procesos tan neurálgicos como el del ex director DAS Jorge Noguera, el del hermano del ex ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, y el del Palacio de Justicia, en el cual y pese a todas las estrategias de dilación utilizadas por el acusado, llegó a inculpar al coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de trece civiles.

Logro este último que, si bien no estuvo exento de debate, anunciaba la interrupción de un muy largo período de impunidad por inacción. Es por esto, más que por cualquier otra cosa, que la decisión de pedirle la renuncia ha suscitado tanto malestar. Sin dudar del buen juicio del Fiscal (e), no deja de ser sorpresivo además que la ineficiencia de Buitrago saliera a relucir justo en el momento en que llama a indagatoria a Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica, tres generales en retiro, por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio. Más inesperado aún es que su falta de talento requiriera de medidas justo en la etapa final del juicio del ex fiscal Guillermo Valencia Cossio, quien habría dado información a El Indio y lo habría sacado del organigrama de la banda delictiva de Don Mario, quien al parecer controlaba su despacho.

Pasarán ahora meses antes de que vuelvan a restaurarse únicamente estos dos procesos. Haciendo cálculos rápidos, le tomará por lo menos 16 días hábiles al reemplazo de Buitrago, Álvaro Osorio, apenas escuchar las grabaciones de las audiencias de Valencia Cossio y mínimo un mes revisar los seis metros de expedientes del caso del magistrado Urán. Esto bajo los estimativos más optimistas y sin entrar a revisar los procesos represados que le costaron el puesto a la fiscal Buitrago. Rara, pues, por decir lo menos, la idea de agilizar el despacho con la llegada de una nueva cabeza. En especial, porque hay muchas otras medidas previas que no se utilizaron esta vez. Aunque es común suspender la repartición de procesos a los fiscales que tienen los más delicados, pues la carga se mide menos en el número de casos que en la complejidad de cada uno, Buitrago nunca recibió una descarga, por ejemplo.

Con todo, a falta de pruebas, no queda sino confiar en la decisión del Fiscal (e) y esperar que las investigaciones se reanuden con agilidad. Sería lamentable que se perdiera el impulso y, peor aún, que se comprobara una politización de la justicia. Quisiéramos creer que la fiscal ha sido en serio ineficiente y no inconveniente para algún par de poderes. Pero serán solamente los resultados que Mendoza y sus reformas de eficiencia prometen, los jueces de esta extraña decisión en un momento tan inconveniente.

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