Por el pie de uno de ellos los grupos de búsqueda encontraron los cadáveres. Éstos presentaban signos de tortura, golpes en la cabeza y heridas producidas por un arma cortopunzante. El cuerpo de la menor se encontró sin ropa interior. “Yo analizo, yo no juzgo a nadie ni nada, pero para mí los soldados del Ejército violaron a la niña y enseguida, para que no quedara evidencia de que habían sido ellos, mataron a los niños”, aseguró el señor Torres, quien sospechó de las Fuerzas Militares por una visita de uniformados a sus hijos en días pasados. La comunidad comparte las sospechas; desconfianza que se originó desde un caso anterior: el 3 de octubre se denunció el secuestro y abuso de otra niña que, según declaraciones, fue raptada por un hombre con prendas militares que portaba “armas largas”.
La investigación de los homicidios comenzó a ser adelantada la semana pasada por un fiscal especializado de Arauca, con apoyo de un fiscal de asuntos humanitarios de Cúcuta. Ya son varias las pistas: manchas de sangre en las mochilas de ocho de los sesenta miembros de la Brigada Móvil Nº 5 que están siendo investigados y restos de semen en las prendas que vestía Jenny. Según el fiscal (e), Guillermo Mendoza, la muestra de semen “facilita más las cosas, porque una prueba biológica permite una identificación indiscutible”. De aquí que, además de la compatibilidad entre la sangre en los uniformes y la de los niños, se les estén realizando pruebas de ADN a los militares. También se cuenta con la declaración de un soldado que aseguró haber visto salir de la guarnición ese día a un compañero que llevaba, junto a su arma de dotación, un machete y que llegó horas más tarde alterado, se hizo cortar el pelo y lavó la ropa que traía puesta. El CTI detectó, además, contradicciones en las declaraciones de los militares con respecto a las horas y sitios de los recorridos de las patrullas.
Ante la atrocidad del crimen y la muy probable vinculación de las Fuerzas Militares, las autoridades se han mostrado a la altura. A diferencia de tiempos no muy lejanos en que, independientemente de la evidencia, se salía a negar cualquier abuso de la Fuerza Pública, el vicepresidente Angelino Garzón aseguró que si hay militares implicados “lo que han hecho es una ofensa al Estado colombiano” y serán duramente castigados. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, confirmó ayer que la Justicia Penal Militar no intervendrá en la investigación del crimen. El caso, aseguró, seguirá en manos de la Fiscalía. El almirante Édgar Cely, por su parte, señaló que las Fuerzas Militares no van a “disfrazar” o “maquillar” los hechos que rodearon el asesinato. “Cualquiera que sea la situación, por más que nos duela y nos afecte, ante todo habrá respeto de la dignidad humana y respeto al país por parte de las Fuerzas Militares”, concluyó.
Dejar claro que esta clase de acciones abominables no van a ser toleradas, además de ser la única reacción razonable, restaura la confianza de la población en la institución, aumenta el número de denuncias y cohíbe a los futuros criminales. Con todo, haber asumido el comportamiento acertado no exime a las autoridades de tomarse más en serio el control en las guarniciones. Aunque todavía no se conozcan los resultados de la investigación, este tipo de tragedias suelen estar anunciadas por comportamientos inusuales que deberían ser detectados a tiempo. Dejar de hacerles seguimiento es permitir las más brutales violaciones y asesinatos.