Sin ánimo de lucro

Cerca de la plaza Che de la Universidad Nacional, en uno de los tantos murales que adornan sus rincones, se veía hace meses un dibujo de dos metros de alto: una línea industrial que tenía encima algunas figuras humanas haciendo distintas cosas.

Cosas pintorescas; tal vez pensando, jugando a los malabares o parados de cabeza. Lo que pasaba por una máquina que se llamaba “Ley 30”, salía del otro lado vuelto diplomas. Nada más sino eso, infinitos diplomas, cada uno exactamente igual a los demás. Esta es la forma gráfica y caricaturesca en la que se resume lo que José Fernando Isaza —rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano— y Moisés Wasserman —rector de la Nacional—, junto con cientos de estudiantes y académicos, le criticaban al Gobierno su controvertida reforma a la Ley 30 de 1992.

La idea era dar cabida a instituciones de educación superior con ánimo de lucro. Es decir, empresas del sector privado que administraran un derecho prestacional a cargo del Estado a manera de negocio. Esto con la loable intención de garantizar una cobertura mucho mayor, una educación más eficiente y una reducción de la baja calidad del servicio. Como ejemplo estaba Brasil, un país que implementó el mismo modelo y amplió significativamente los niveles de cobertura educativa. Los opositores argüían que esto sólo incentivaría la creación de carreras “útiles” al mercado, reduciendo así la educación integral y también la calidad. Los centros se ocuparían de obtener mayores resultados reduciendo todo costo, como cualquier buen negocio lo hace. Como ejemplo, de nuevo, estaba Brasil, que aumentó la cobertura pero disminuyó mucho en calidad y acentuó la tasa de deserción universitaria.

Hecha la propuesta se levantaron decenas de marchas alrededor del país. El segundo asunto que desató el rechazo de académicos y estudiantes fue el del capital privado que iría a parar en las universidades estatales. El Gobierno aseguraba que los recursos públicos eran muy limitados y que, para alcanzar un nivel competitivo, estas entidades no podían negarse a la inversión privada. La prueba de fuego de los cupos y el capital universitario se sobrellevaría a través de la aceptación de fuentes diversas. Ante esto, los sectores de oposición decían que las universidades públicas hace años reciben financiamiento privado para investigación académica sin ningún problema. El punto álgido de la discusión se desprendía del eventual momento en que ese capital privado pudiera amarrar la autonomía universitaria.

Y así duraron meses debatiendo. El martes, de manera sorpresiva, el presidente Santos salió a decir que, después de una larga discusión con la Mesa de Unidad Nacional, se había decidido retirar de la reforma a la educación estas dos propuestas. Todo parece indicar que entre los partidos que la conforman no existe un “consenso” en el tema.

De la discusión que ya quedó en el pasado, y dejando de lado los argumentos de ambas partes, queda un tema pendiente con la decisión: la financiación. Si, como el presidente aseguró, lo que falta en la educación es plata, y por ende financiación y más cobertura, ¿de dónde va a salir ahora? Antes de este cambio, aparte de todos los demás aportes, la idea era aumentar los recursos con un 1% adicional al IPC. Ahora, sin la opción del capital privado, se propone subir a un 3%. Pero ¿es suficiente para llenar la brecha, una de las justificaciones para plantear la reforma? De no hacer propuestas coherentes con lo exigido en un primer momento, ¿no queda la educación superior casi en las mismas? Si de aumentar calidad y cobertura se trata, el Gobierno —y los antiguos opositores, claro— deberán ahora proponer algo más.

 

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